La estrategia de criminalización de las iniciativas por los derechos de los presos vascos dio ayer un nuevo paso con la decisión del delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, de remitir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un acuerdo municipal del Ayuntamiento de Sopela por la excarcelación de los trece prisioneros enfermos.

La medida sorprende, toda vez que han sido numerosas las instituciones que han tomado posiciones similares en los últimos años, a diferentes niveles, y también si se tiene en cuenta que lo que se reivindica es una puesta en libertad avalada por la normativa penitenciaria y que se puso en práctica recientemente en el caso de Iosu Uribetxeberria, no sin una intensa polémica política previa y la paralela movilización ciudadana.

Urquijo afirma que solo pone el acuerdo en conocmiento de la Fiscalía «por si pudiera ser constitutivo de delito». La decisión del delegado se produjo nada más tener conocimiento del acuerdo, ya que este fue notificado a los medios el lunes.

En su escrito, Carlos Urquijo hace referencia a que el citado acuerdo -que contó con los votos a favor de Bildu, la abstención del PNV y fue rechazado por PSE y PP- «podría contravenir lo previsto en las Leyes de Reconocimiento, Protección y Reparación a las Víctimas del Terrorismo».

En la moción se pide que se decrete la libertad condicional para trece presos vascos con enfermedades graves o incurables tras citar el revelador caso de Uribetxeberria.

Movilizaciones

Por los derechos de los presos vascos se concentraron ayer 90 personas en Bilbo y 19 en Sarriguren. El lunes fueron 27 en Altza, 17 en Astigarraga, 12 en Abadiño, 45 en Altsasu, 21 en Ataun, 24 en Zaldibia, 82 en Iruñea (ante el PP), 68 en Ondarroa, 11 en Euba, 52 en Gernika, 52 en Iurreta, 15 en Bermeo, 54 en Laudio, 36 en Zorrotza, 21 en Otxarkoaga, 7 en Añorga y 22 en Sopela.