Los integrantes de la plataforma Araba sin Garoña saldrán este sábado a las calles de Gasteiz para celebrar el cese definitivo de la planta burgalesa, previsto para el 6 de julio de 2013. En esta ocasión, los agentes sociales, políticos y sindicales reunidos en la plataforma dejarán a un lado las manifestaciones, que en tantas ocasiones han recorrido el centro de la capital alavesa, para disfrutar de una gran fiesta en Alde Zaharra. Una celebración especial en la que poder decir: «Yo también cerré Garoña».

En una rueda de prensa celebrada ayer en la sede gasteiztarra del sindicato STEE-EILAS, el portavoz de Araba sin Garoña, Alberto Frías, destacó que el camino hacia el cierre de la planta burgalesa es, «sin ninguna duda, irreversible». Esta situación de no-retorno se vio afianzada anteayer cuando Nuclenor, propietaria de la planta nuclear, presentó ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación anexa al cese definitivo de la central.

En cuanto a los motivos que han empujado a Nuclenor a no prolongar la vida útil de la infraestructura energética, Frías destacó el papel de la ciudadanía vasca, que tras «largos años de lucha ha tenido su recompensa»; la perdida de rentabilidad de Garoña, que se ha visto afectada por el «impuestazo» diseñado por el PP; y la postura de la Unión Europea, que intensificó su presión sobre el Gobierno español tras el accidente de la central de Fukushima.

A este respecto, destacó que Endesa e Iberdrola, copropietarias de Nuclenor, deberían invertir 140 millones de euros para solventar los problemas de seguridad evidenciados en las pruebas de resistencia. Según el portavoz de la plataforma, esta inversión no sería rentable para las eléctricas, que se verían obligadas a paralizar el funcionamiento de la planta para mejorar su seguridad.

Los costes del cese

Aparte, Frías criticó que el coste vinculado al desmantelamiento de Garoña será financiado por la ciudadanía, ya que el desarme de la instalación radioactiva correrá a cargo de ENRESA, una sociedad publica dependiente del Estado español. En este sentido, lamentó que Nuclenor no utilice parte de los beneficios generados por la central -250 millones de euros al año- en la regeneración económica del Valle de la Tobalina.

No obstante, el representante de la agrupación recordó que el desmantelamiento de la planta burgalesa, que puede dilatarse durante los próximos diez años, generará nuevos empleos en la zona. Para justificar estas palabras, puso como ejemplo lo ocurrido en la central de Zorita (Cáceres), donde se han creado nuevos puestos de trabajo relacionados con el desarme de la infraestructura nuclear.

En este sentido, la organización Ecologistas en Acción, que celebró el cierre «definitivo e inapelable» de la central, reclamó ayer un plan de desarrollo para los pueblos de la zona. Tal como señaló la agrupación en un comunicado, «la preocupación por los trabajadores y la comarca de Garoña debe ser prioritaria para las autoridades».

Por su parte, los trabajadores de Garoña denunciaron ayer que de momento no saben qué ocurrirá con ellos a partir del 6 de julio, ya que no han tenido acceso al nuevo reglamento de funcionamiento de la planta, un documento que ya está en manos del CSN. «En el nuevo reglamento se detallarán qué sistemas hacen falta que funcionen [tras el cese] y la gente que haga falta para ese sistema», detalló el presidente del Comité de Empresa, Alberto César González, en Radio Vitoria.