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El drama de los desahucios

Reforma «exprés» y a dos bandas con muchas dudas

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Alberto PRADILLA | MADRID

El Gobierno español y el PSOE continúan publicitando su reforma «exprés» de la ley hipotecaria sin despejar las principales incógnitas que más preocupan a los afectados. El viernes, el presidente español, Mariano Rajoy, utilizó el mitin de campaña en Lleida para plantear una paralización de desahucios limitada a las «familias más vulnerables». Ayer le tocó el turno al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien propuso frenar los desalojos hasta que la nueva norma esté lista. Sobre su proyecto, plantea poder aplicarlo a ejecuciones hipotecarias que ya estén en marcha, aunque sin definir en qué punto del proceso. Tras el suicidio en Barakaldo de Amaia Egaña, Moncloa y Ferraz han entrado en una improvisada carrera para presentarse como impulsores de una modificación que, con más dudas que certezas, parece que busca más calmar el enfado social que acabar con un drama que sigue repitiéndose a diario.

«Cuando gobernábamos tomamos una serie de medidas que fueron insuficientes y el Ejecutivo actual también. Se ha producido algo que no pensábamos que fuese a ocurrir, pero que se ha producido». Rubalcaba eludía así la pregunta de porqué su formación (y también el PP) ha esperado cuatro años para presentar una reforma legal que ahora califica de «urgente» cuando ambos partidos se han opuesto a todas las iniciativas presentadas en el Congreso. «Nos equivocamos. Esta ley es una autocrítica», argumentó.

Sin reunirse con la PAH

A través de continuas declaraciones públicas, tanto PP como PSOE preparan el terreno para la reunión de mañana, donde abordarán la reforma legal. La formación de Rubalcaba ha presentado una proposición de ley, mientras que, desde Moncloa, únicamente llegan apuntes a través de sus portavoces, sin mostrar ningún documento. Tanto el modelo a dos bandas como la disposición real para atajar el problema generan escepticismo entre los afectados. Sobre la primera cuestión, cabe recordar que los dos principales partidos españoles están cocinando la reforma al margen de grupos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Además, han dejado fuera a otras formaciones, como IU o ERC, que ya han propuesto leyes contra los desalojos durante los últimos meses.

«Hemos hablado con técnicos y asociaciones», aseguró ayer Rubalcaba. No supo concretar si se había encontrado con la PAH y aseguró tener «las puertas abiertas». Fuentes de esta asociación señalaron que, a pesar de llevar cuatro años denunciando las ejecuciones hipotecarias, «nunca» han sido invitados por Ferraz para exponer sus soluciones. Políticamente, el drama de las hipotecas parece el terreno elegido por PP y PSOE para ensayar el modelo de concertación que viene defendiendo Rubalcaba toda la legislatura.

Las declaraciones tampoco aclaran hasta dónde están dispuestos a llegar Moncloa y Ferraz en la futura ley hipotecaria. Por una parte, desde el Gobierno español se insiste en proponer una «carencia» de dos años para las «familias en exclusión». Delimitar quién entra dentro de esta categoría es, según el Ejecutivo, uno de los puntos en la agenda de mañana. Rubalcaba, que reconoció que el debate está sobre la mesa, amplió esta definición a las «situaciones sobrevenidas, sin intención dolosa». Es decir, a aquellas personas que hayan perdido su domicilio tras, por ejemplo, quedarse sin empleo a causa de la crisis.

Enmiendas a sí mismos

Los plazos también están en el aire. Ayer, el secretario general del PSOE se mostró partidario de que la ley afecte «a las nuevas hipotecas, a las ya firmadas y a las que están en ejecución». Enmendaba así a su responsable de Economía, Inmaculada González-Piñero, que hace una semana descartaba esta opción. Quienes quedan fuera son las cientos de miles de personas que ya han perdido sus casas en procedimientos que hasta el propio Rubalcaba ha calificado de «abusivos» y «desequilibrados». Sobre este colectivo, abogó por respuestas a través de planes de vivienda, sin concretar más pese a ser interrogado.

Sobre el procedimiento a la hora de afrontar impagos previsto en su norma, explicó que pretenden facilitar las negociaciones entre afectados y entidades bancarias. Una fórmula que ya existe pero que sería modificada, buscando forzar a sentarse a los bancos que han recibido ayudas públicas y convencer al resto mediante la ley.

Los afectados, sin embargo, no se fían. Insisten en demandar la paralización inmediata de los desahucios, la dación en pago retroactiva y un parque de alquiler social. Por ello, han convocado caceroladas para mañana a las 11.00 en las sedes del PP, pocas horas antes de que los dos principales partidos españoles se sienten en Moncloa.

Patxi López acude al acto de despedida a Amaia Egaña

Cientos de personas, entre ellas el lehendakari en funciones, Patxi López, y numerosos dirigentes del PSE dieron ayer el último adiós a Amaia Egaña, la mujer que se suicidó el viernes en Barakaldo cuando se le iba a comunicar el desahucio de su vivienda.

El acto civil de despedida en memoria de Amaia Egaña, ex concejala del PSE en Eibar, tuvo lugar en el Tanatorio Bizkaia, de Barakaldo, a donde se trasladó Patxi López junto a su esposa, Begoña Gil.

Varios cientos de personas pasaron por el tanatorio, entre las que había numerosos dirigentes del PSE como Rodolfo Ares, José Antonio Pastor, Idoia Mendia, Alfonso Gil, Isabel Celaá e Iñaki Arriola, junto con los alcaldes de Barakaldo y Portugalete, Tontxu Rodríguez y Mikel Torres, respectivamente, y también el secretario general de UGT Euskadi, Dámaso Casado.

Acudieron también a despedir a Amaia Egaña el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y el juez decano de Barakaldo, Juan Carlos Mediavilla, encargado el viernes del levantamiento del cadáver de la mujer y que pidió la modificación de la legislación vigente en materia de desahucios. GARA

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