¿En qué se basa la abogada general del Tribunal de Luxemburgo para considerar ilegal la legislación española?

En 1993, la Unión Europea elaboró una directiva de protección de consumidores que señala que un consumidor, antes de verse perjudicado, necesita ser oído por un tribunal. Nosotros planteamos que en el procedimiento hipotecario español el comprador de una vivienda es desahuciado sin tener un juicio en el que pueda defenderse, y lo que nos ha dicho Europa es que nuestro sistema de ejecución hipotecaria, efectivamente, se contradice con lo que de debe ser esa protección.

Pero todavía falta la sentencia del tribunal. ¿Que implicaría una resolución en la misma dirección marcada por la abogada general?

Implicaría que los jueces españoles, en vez de aplicar la ley española, podrían aplicar la ley europea y, por lo tanto, podrían paralizar o comprometer las ejecuciones hipotecarias que afectan a los consumidores.

Cuando un juez recibe en su mesa un caso de ejecución hipotecaria, ¿tiene las manos atadas?

Por eso fui yo a la legislación comunitaria, porque, si aplicaba la ley española, no tenía muchas opciones de poder proteger al consumidor. Y lo que nos ha dicho la abogada general es que Europa no entiende que un ciudadano español debe ser expulsado de su vivienda sin haber tenido un juicio con las debidas garantías.

Sin embargo, hay varios casos en los que un juez ha aplicado la dación en pago. ¿Se podría ser, por lo tanto, más sensible?

La verdad es que la presión social es tan grande y la crisis es tan profunda que cada juez ha intentado, dentro de sus posibilidades, buscar soluciones imaginativas. Hay jueces que han ido más hacia el ámbito constitucional y el derecho a la vivienda, otros han ido más hacia cuestiones sociales de no dejar en la calle a particulares, y en mi caso he pensado que el ámbito de protección más adecuado sería el derecho europeo.

¿La judicatura es permeable al drama que suponen estos cientos de miles de familias desahuciadas?

Sí, y es gracias a la presión social y al papel de los medios de comunicación. Hay que pensar además que la cuestión no es ideológica, no es un problema de derechas o izquierdas, sino que es un problema de sensibilidad social.

Cuesta entender entonces que el Consejo General del Poder Judicial no asuma el informe que encargó sobre el endeudamiento familiar y las ejecuciones hipotecarias...

Bueno, el Consejo funciona con lógicas políticas y no con lógicas sociales y, por lo tanto, está muy lejos de los ciudadanos.

¿Existe algún margen ahora mismo para que los jueces puedan practicar algo parecido a la objeción de conciencia en el tema de los desahucios?

No no, esto no es un problema de objeción de conciencia, es un problema de que nuestra ley es incorrecta. Sin necesidad de ponerse en planos de conciencia, con la ley en la mano, cualquier jurista debería llegar a conclusiones parecidas a las mías, al margen de su ideología.

Esta semana, el juez decano de Bilbo declaró que los jueces tenían que ser algo más que meros «cobradores del frac». ¿Qué medidas debería tomar el poder legislativo para que así sea?

Yo soy juez mercantil y llevo sobre todo insolvencias. En este sentido, creo que deberíamos tener una norma de insolvencia de particulares para que las personas que no puedan pagar sus deudas normales sean protegidas por el juzgado. Tenemos que pensar además que el famoso «banco malo» va a comprar inmuebles tóxicos por la mitad de su valor, ¿hasta qué punto no es razonable que a mí me perdonen la mitad de mi hipoteca si el banco malo está dispuesto a comprar mi piso por la mitad de su valor?

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene muy claro cuál es su solución: dación en pago retroactiva, paralización de desahucios y alquiler social. ¿Qué le parece?

A nosotros las Plataformas de Afectados nos han ayudado mucho a sensibilizarnos. Algunas de las medidas que propone esta plataforma son razonables y, de hecho, muchos juzgados están siendo sensibles y están cogiendo sus argumentos para paralizar casos.

En cualquier caso y como resumen, ¿se puede decir que lo que impide la aplicación de medidas para evitar estos casos es una cuestión más política que jurídica?

Pues sí. Lo que hemos visto en estos cuatro años de crisis es que cuando se trata de ayudar a las entidades financieras, las medidas se adoptan en 24 horas y, sin embargo, cuando las medidas son destinadas en ayuda de los ciudadanos, se tardan cuatro años. Lo que tendríamos que pedir es un trámite de urgencia y si el Gobierno quisiera, por Real Decreto, podría adoptar medidas con efecto al día siguiente.