Tras el importante recorte de las pensiones que se aprobó en 2011, con el aval del acuerdo que firmó el Gobierno Zapatero con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, el Gobierno del PP prepara una nueva ofensiva contra las pensiones cuando todavía no ha entrado en vigor la mayoría de las medidas de la Ley. La corresponsabilidad entre el gobierno español y la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI (la Troika) en las exigencias antisociales a los Estados endeudados europeos, se muestra en la documentación presentada por el gobierno a la Comisión del Pacto de Toledo. La Comisión Europea indica que la crítica situación de la economía española exige más recortes en las pensiones, sin considerar si no son las medidas de recorte -en pensiones y otras- las que contribuyen decisivamente a esa situación. Para ello el Estado Español debe aumentar la edad de jubilación de forma que vaya en función de la esperanza de vida. La Comisión propone que las jubilaciones anticipadas se limiten a los trabajadores con largas carreras de cotización. Recomienda «que se evite la exclusión temprana del mercado de trabajo», lo que resulta cruelmente irónico cuando requiere al mismo tiempo que se aprueben reformas laborales que facilitan y abaratan al máximo los despidos.

El Gobierno se propone restringir las jubilaciones anticipadas, recomendando que se configuren como voluntarias, obviando que por mucho que jurídicamente lo sean se convierten en obligatorias si a la gente la despiden. Impedir las jubilaciones anticipadas «voluntarias» lo que supondrá en la práctica es que quienes pierdan el empleo estarán obligados a depender como única fuente de ingresos del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, por importe de 423 euros... y cuyas condiciones y requisitos se han deteriorado aún más en la reciente reforma del desempleo. Otro factor restrictivo se deberá a la adecuación de la edad de acceso a las que en cada momento estén en vigor como edad legal. Como esta edad va incrementándose progresivamente desde los 65 a los 67 años, el Gobierno propone el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada.

Si se aprueban estas propuestas, una parte de la gente trabajadora se verá obligada a continuar trabajando, sin tener en cuenta la duración de sus cotizaciones y de la dureza del trabajo. Para la parte creciente de quienes se encuentran en paro el atraso en la posibilidad de jubilarse anticipadamente y el aumento de las penalizaciones supondrá una reducción de las pensiones, que se unirá a las pérdidas por la disminución (en el año 2012) o la reducción de las revalorizaciones anuales (prevista aunque todavía no anunciada para el 2013).

Se sugiere valorar «si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad Social el anticipar pagos (máxime en unos momentos de dificultades económicas)», lo que constituye otra manifestación más del «sobreempeoramiento» al empleo público que se une a la promoción del despido colectivo entre el personal laboral del sector público mediante la regla aprobada el pasado mes de octubre que permite a todas las administraciones públicas con déficit o que hayan reducido su presupuesto un 5% ejecutar despidos colectivos con 20 días de indemnización por año.

Para la jubilación parcial el Gobierno propone aumentar la edad de acceso a la misma mediante su «adecuación» en relación con la edad ordinaria. Se propone también el aumento de la jornada mínima a desarrollar durante la jubilación parcial, en la actualidad el 25% de la jornada ordinaria. La justificación de estas medidas restrictivas en el coste que supondría para el sistema de seguridad social no tiene en cuenta que ya la Ley de 2011 estableció que durante el periodo de la jubilación parcial se deberá cotizar por la base correspondiente a la jornada completa. Esta regla implica que no es cierto que el coste de las jubilaciones parciales sea a cargo del sistema de Seguridad Social. De hecho, el aumento de lo que tendrán que pagar las empresas dará lugar a una reducción radical de las jubilaciones parciales ya que, en general, dejarán de interesar a las direcciones de las empresas. Se deja a entender también la aplicación de coeficientes penalizadores, hasta ahora inexistentes. Si se pasa a cotizar por la totalidad del salario, la aplicación de esos coeficientes implicará una doble penalización.

Este grave ataque previsto a las pensiones, que se une a las que ya entregan en vigor en el próximo enero, requiere a la vez una firme oposición al mismo y, simultáneamente, redoblar la exigencia de un marco vasco de relaciones laborales y de protección social, incluidas las pensiones.

En la pasada campaña electoral la sostenibilidad de un sistema vasco de pensiones se ha debatido, si bien con escasa claridad sobre las cuestiones en juego. Es cierto que el gasto en pensiones en la CAPV es mayor que los ingresos de las cotizaciones. Como se ha apuntado en un medio de prensa, las razones son varias: pensiones más altas por el pasado predominio en el empleo industrial, que venía acompañado de salarios más elevados que los del sector servicios; esperanza de vida ligeramente más elevada que en el conjunto del Estado; mayor uso que en el Estado de las jubilaciones parciales, que traen consigo de un mayor coste para la Seguridad Social... Sin embargo, algunos de estos factores están cambiando -reducción del peso del sector industrial- y otros van a desaparecer -utilización y coste de las jubilaciones parciales-.

Pero lo más relevante no es la cuestión de si las pensiones originan déficit o supéravit en el marco de la CAPV y de Nafarroa, sino la posibilidad de que en un sistema propio el movimiento sindical y social consiga aplicar una política diferente, que incluya entre otras medidas tales como las siguientes: reducción de la edad de jubilación a 60 años; ampliación de los supuestos de jubilación anticipada por trabajos penosos e insalubres; elevación de los topes de cotización y, con ello, de las pensiones; cálculo la pensión no sobre los 25 últimos años sino sobre un período más reducido de los «mejores años»... Estas medidas permitirían reducir la tendencia de las personas de salarios más elevados hacia las pensiones privadas basadas en la capitalización, tanto individuales como profesionales, lo que permitiría reducir el importante coste fiscal que para las haciendas forales suponen las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones, reduciendo una recaudación necesaria para atender las necesidades educativas, sanitarias y de servicios sociales. Es necesario subrayar que los ataques a las pensiones públicas tienen como uno de sus objetivos el de ensanchar el espacio de las pensiones privadas, en ventaja para sus gestores bancarios y financieros.

Obviamente las medidas de mejora de la protección indicadas exigen un aumento de los ingresos, es decir, de las cotizaciones sociales. El incremento de las cotizaciones empresariales supondría recuperar el aumento de las últimas décadas de los beneficios en detrimento de los salarios directos y las cotizaciones sociales. Contrariamente a las afirmaciones patronales la economía vasca tiene margen suficiente para ese aumento de la masa salarial, ya que como ha mostrado ELA, los costes laborales en Hego Euskal Herria son inferiores a los de la zona euro: en 2011 el coste laboral por hora era inferior en 2,9 y 4,7 euros respectivamente.

Los recortes de las pensiones, como de otras partidas del gasto social, y las reformas que degradan los derechos laborales, vienen exigidas por la Troika con el doble fin de garantizar el cobro de las deudas ilegítimas para que se sigan enriqueciendo los banqueros y de arrastrar a la sima los derechos laborales y sociales, entre ellos las pensiones. Por ello la convocatoria de huelga y movilizaciones que a propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos va a tener lugar en varios países europeos era una ocasión inmejorable para una respuesta tanto a los estados europeos como a la Troika, a la vez que puede tener un componente de solidaridad con el pueblo que más duramente está sufriendo la ofensiva privatizadora y de miseria y que se enfrenta de forma más decidida no solo con sus gobiernos sino con la Troika, el pueblo griego. Por otra parte, la huelga general del 29 de marzo mostró que la convergencia sindical en los llamamientos a la huelga es un importante factor para ampliar su seguimiento. Al capital, al empresariado, a las multinacionales y a los gobiernos europeos solo se les frena con movilizaciones y huelgas.

El marco europeo facilitaba, además, que la mayoría sindical vasca no apareciese siguiendo las convocatorias de unos sindicatos estatales que durante mucho tiempo -y no muy alejado- han dado cobertura a medidas antisociales como la reforma de las pensiones de 2011 y la congelación de los salarios del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de enero de 2012. Creemos que las movilizaciones propias en Euskal Herria no deben enfrentarse a las que se produzcan en otros marcos, más aún cuando sea a escala (sur)europea. La mayoría sindical ha perdido una ocasión inmejorable, a la que podía haber respondido al menos con paros parciales y movilizaciones. Como miembros de la mayoría sindical, nos resulta difícil entender la decisión tomada y estamos convencidos de que la crisis capitalista requiere respuestas contundentes, unitarias y europeas.