Una vez más, París se ha levantado las faldas de sus fronteras para mandar de una patada a Madrid a una militante vasca. Es posible que a Aurore Martin la detuvieran en un control fortuito, como asegura el muy jacobino Manuel Valls, pero en realidad, aunque así fuera, no exime al Estado francés de sus responsabilidades para con los derechos de una ciudadana de la República.

Supongamos, en un ejercicio de imaginación extrema, que la detención fuera fruto del azar. ¿Cómo se entiende que un Estado soberano entregue a uno de sus ciudadanos a un tercer país que lo reclama por un delito de opinión? Pues eso, no se entiende. Aún menos cuando colea la historia de dos tipos, eso sí muy franceses, que tras atropellar de muerte en Tel Aviv a una ciudadana israelí, se dieron a la fuga hasta refugiarse en las fronteras del hexágono, donde su país ha decidido, en una demostración solemne de soberanía, no entregarles a las autoridades judías para que sean juzgados allí donde cometieron el delito.

En la manifestación del pasado sábado en Baiona quedó claro que nadie entiende la actitud de París, ni siquiera los electos de partidos que en nada simpatizan con los abertzales. Acaso algunos empiezan a comprender ahora que la autoridad de su amada República no se extiende desde el Atlántico hasta el Rin y desde las playas de Normandía hasta el Pirineo, sino que acaba a orillas del Aturri, donde comienza una soberanía compartida con España. Esos electos, que no simpatizan con los independentistas, acaban de descubrir con sorpresa un territorio de derechos mermados, una frontera vasca que no la dibujan los abertzales, sino los españoles. Y ello, con la aquiescencia de París.