El Gobierno español y el PSOE seguirán negociando hoy su reforma de la ley hipotecaria para abordar el drama de los desahucios. El Ejecutivo pretende llevar los acuerdos que obtengan al Consejo de Ministros que tendrá lugar el jueves (se adelanta un día con motivo de la Cumbre Iberoamericana), donde los aprobaría mediante un decreto de urgencia, aunque, por el momento, no ha trascendido ningún detalle sobre las medidas planteadas. Fuentes del Ejecutivo afirmaron ayer haber llegado a un «altísimo» grado de acuerdo con la delegación de Ferraz. Desde el PSOE se matizó que había «avances» pero que las conversaciones seguirán durante la jornada de hoy. Desde la muerte de Amaia Egaña, que el viernes se suicidó en Barakaldo cuando iba a ser desalojada de su domicilio, y el creciente enfado social, Gobierno y PSOE tratan de presentarse como artífices de un cambio legal que ponga freno a los desahucios.

Ayer a última hora, tras casi seis horas de reunión, fuentes del Ejecutivo del PP afirmaron que existían un consenso «sustancial». Lo que no especificaron fueron las medidas concretas que se están barajando. Desde Moncloa se apuntaba a una «carencia» de dos años para las «familias más desfavorecidas», sin llegar a precisar qué entiende por esta definición y cuál sería el baremo para que la banca sí que pueda expulsar de su domicilio.

Con esa misma ambigüedad, las patronales de la banca y las cajas anunciaron una moratoria de dos años para «casos de extrema necesidad» y «colectivos vulnerables» hasta que el Ejecutivo presente la nueva ley. Desde Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, únicamente acertó a prometer que «ninguna familia de buena fe» perderá su vivienda por la crisis, aunque evitando lo que denominó «efectos perversos».

Moratoria sin concrección

La semántica constituye el principal escudo con el que el Gobierno y la patronal bancaria esconden el verdadero alcance de sus iniciativas. Por la mañana, la Asociación Española de la Banca (AEB) informó sobre su decisión de «paralizar los lanzamientos (eufemismo con el que se denomina la expulsión de las viviendas) durante los dos próximos años, en aquellos casos «de extrema necesidad». Al igual que el Ejecutivo, no define hasta dónde llega esta categoría.

Pese a que el número de desahucios supera los 400.000 en los últimos cuatro años, la patronal bancaria se congratuló de poner en marcha una medida «por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social». Posteriormente, su presidente, Miguel Martín tuvo que reconocer que la presión social ha sido lo que les ha obligado a moverse.

La misma situación se repite con las cajas. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se sumó a esta supuesta moratoria destinada a los «colectivos vulnerables», sin precisar a quién se dirige su iniciativa y llegando a asegurar que durante la crisis «se han desplegado esfuerzos» para frenar los desalojos. Esta moratoria se aplicaría hasta que esté en marcha una nueva legislación, lo que podría ocurrir esta misma semana o la siguiente.

En este contexto, la críticas a la voracidad de los bancos se repitieron ayer desde las instancias judiciales. Concretamente, Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo español y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), afirmó que «no debe haber más demoras en las soluciones». Durante la inauguración de unas jornadas en Bilbo, Moliner instó a dar soluciones a «quien tiene responsabilidad en materia legislativa».

Cacerolada frente al PP

Quienes no se fían son los afectados, que siguen movilizándose. Ayer, en Madrid, una cacerolada frente a la sede del PP en Génova volvió a denunciar la voracidad de las entidades bancarias y la complicidad de los dos principales partidos españoles. Para ellos, el tiempo corre en contra. Es el caso de Belén Borrego, que ayer se encontraba manifestándose frente a la sede del PP. Su desahucio esta programado para el 27 de febrero. No sabe si su caso entra dentro de lo que la banca define como «caso extremo» ni si el Gobierno terminará aceptando que la nueva ley hipotecaria se aplique a quienes ya están sumidos en el proceso de ejecución.

«Es urgente. Hay gente que va a ser desalojada este mismo mes», argumentab. En el mismo sentido, Marta Uriarte, portavoz de la PAH en Bizkaia, remarcó que «es indispensable que se apruebe un alquiler social y la condonación de la deuda». A la espera de la reunión de hoy, no parece que Gobierno y PSOE estén dispuestos a cumplir con estas demandas de mínimos.