La edil de Bildu Aitziber Ibaibarriaga emplazó ayer al alcalde de Bilbo, Iñaki Azkuna, a que garantice los derechos de las personas que han optado, en régimen de cooperativa, a las 318 viviendas de protección oficial y 289 de precio tasado que comenzarán en breve a edificarse en Garellano, dentro de la operación urbanística Dorre Barriak, que construirá la UTE conformada por Amenabar, Exbasa e Inmogroup.

La corporativa soberanista desveló que a los 607 adjudicatarios, de los más de 5.000 que optaron a la promoción, se les han planteado unas cláusulas añadidas a las estipuladas «inaceptables». Además de adquirir el compromiso de comprar el piso con su respectivo trastero y garaje, explicó, se les quiere obligar a comprar una segunda plaza de parking libre.

Ibaibarriaga añadió que los cooperativistas de Dorre Barriak deben asumir asimismo el resto de plazas de aparcamiento que conforman la operación. Calificó esas condiciones de «impropias» de una promoción de vivienda protegida. «Exige a estas personas un sobreendeudamiento a pesar de que son personas a las que se les reconoce, por sus circunstancias, el acceso a una vivienda protegida».

La concejala de Bildu alertó de que la supuesta cooperativa que se ha constituido, «tiene poco de cooperativa realmente, ya que da carta blanca a la promotora sin dar ninguna capacidad de decisión a los cooperativistas». En opinión de la coalición, en las actuales circunstancias, detrás de Dorre Barriak hay «una promoción engañosa con elementos de venta libre y riesgo cero para la promotora».

Esa afirmación la efectuó después de analizar las consecuencias que acarrea para los cooperativistas la firma de un aval de garantía solidario. Algunos de los afectados, según desveló, se han dirigido a la Federación de Cooperativas de Euskadi para que les aclaren si se ajustan a la ley las condiciones que les plantean y, en caso de que no sea así, pedir que actúen al respecto.

A raíz de esos movimientos, según pudo saber GARA de fuentes cercanas a los afectados, la promotora ha cambiado el contrato, de modo que los cooperativistas tienen que rubricar a partir de ahora una garantía mancomunada.

Ibaibarriaga animó a los cooperativistas a que se informen ante la Federación sobre las consecuencias de lo que van a firmar y si van a ser vulnerados sus derechos. «Es ahora el momento de hacerlo -subrayó-, antes de que arranque la construcción propiamente dicha».

En esa misma línea, emplazó a PNV, PP y PSE -con responsabilidades en Ría 2000, que auspicia la operación de Garellano- a que garanticen y protejan los derechos de los adjudicatarios.