La campaña lleva varios días irrumpiendo, mañana tarde y noche, en la vida diaria de los catalanes. La crisis y su gestión, sin embar- go, va camino de su quinto aniversario haciendo lo propio. Solo durante el día ayer, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -cuyo núcleo nació en Catalunya- esperaba con grandes dosis de escepticismo alguna medida por parte de PP y PSOE, cinco trabajadores de Telefónica cumplían su noveno día de huelga de hambre exigiendo la readmisión de un compañero y se conocía que la subida del IPC de octubre deja la tasa anual de inflación en el 4,2% -la más alta del Estado-, gracias en buena parte a la subida de hasta un 66% de las tasas universitarias.

Todo con la vista puesta en la huelga general de hoy, a la que en Catalunya se han sumado todos los sindicatos y gran parte de los movimientos sociales, poniendo el debate social en el primer plano de la campaña electoral, por mucho que la dialéctica Catalunya-España siga siendo la que impera en el plano mediático.

Y es que cabe recordar que, antes de que Rajoy entrase tijera en mano en la Moncloa, la catalana fue la primera Administración en aplicar los drásticos recortes sociales que han dejado el Estado de Bienestar al filo de la desaparición. Tanto que hasta CiU ha anunciado que las nuevas medidas de ajuste tras las elecciones del 25 de noviembre no atacarán el gasto social, al considerar que no se puede exprimir más el Estado del Bienestar. Eso sí, los recortes seguirán.

Desde la Sanidad -cierre de plantas hospitalarias y ambulatorios, tasa del euro por receta y aumento exponencial de muchas listas de espera- hasta las ayudas a la Renta Mínima de Inserción -9.000 familias sin la ayuda de 420 euros-, pasando por la Educación -menos profesores en todos los tramos, encarecimiento de las matrículas y mayor poder del sector privado en la universidad-. Pocos son los campos que se han salvado de la espartana austeridad a la que ha querido someter CiU el gasto social.

Frases para la memoria

Un Ejecutivo que Mas presentó hace casi dos años como «el Govern de los mejores», capaz de soltar, por boca de sus representantes, perlas como las siguientes: «Si cobramos menos de 3.000 euros ya no sé cómo iremos» -la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, sobre el sueldo de los diputados-, «tomen el primer vuelo a Londres y a servir cafés» -conseller Francesc Xavier Mena sobre políticas de juventud-, «la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado» -todo un conseller de Sanidad, Boi Ruiz- y el ya memorable «iremos hasta donde nos permita la ley y un poco más allá», de Felip Puig, conseller de Interior al mando de los Mossos d'Esquadra.

Junto a los recortes, los presuntos casos de corrupción que afectan a CiU, como la financiación irregular en el caso Palau -Convergència avaló con su sede nacional la fianza impuesta por el juez-, el caso de las ITV que podría salpicar a Oriol Pujol, los diversos escándalos en la Sanidad y varios presuntos casos de corrupción policial.

Y justo enfrente, la criminalización de la protesta social. Toda una hemeroteca repleta de actuaciones de los mossos, desde el intento de desalojo de los indignados de la plaza Catalunya, saldado con más de un centenar de heridos -la Audiencia ha reabierto recientemente el caso-, hasta la huelga general del pasado 29 de marzo, con un saldo de 114 detenidos.

Así las cosas, la huelga general de hoy pondrá encima de la mesa el debate social que tanto CiU como PP han tratado de evitar en esta campaña electoral buscando constantemente el cuerpo a cuerpo entre Mas y Rajoy. Pero por mucho que el portavoz del Govern, Francesc Homs, se apresurase ayer a asegurar que «el eje nacional y el eje social son dos caras de la misma moneda» -¿les suena?- y se atreviese a afirmar que un referéndum de autodeterminación podría leerse al mismo tiempo como una consulta sobre los recortes sociales, lo cierto es que el bagaje de CiU en estos dos años de Govern habla por si solo.

Una herencia que, pese a no poner en peligro la victoria electoral de la derecha nacionalista, podría llegar a privar a Mas de la ansiada mayoría absoluta.