La catástrofe del Prestige cumplió ayer su décimo aniversario coincidiendo con la reanudación del juicio en A Coruña y que fue retomado con la esperada declaración del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, para quien se pide la pena máxima de 12 años de prisión. Junto a él, se sientan en el banquillo el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, y es juzgado en rebeldía el primer oficial Ireneo Maloro. Tanto organizaciones ecologistas y sociales como cofradías de pescadores cuestionan que el único representante institucional juzgado sea López Sors, ya que consideran que la negligencia de los políticos agravó la magnitud del vertido que tiñó de negro no solo a la cornisa cantábrica, sino también, aunque en menor medida, a las costas de Portugal y del Estado francés.

Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2002, cuando el petrolero con pabellón de Bahamas con 77.000 toneladas de fuel lanzó una llamada de socorro alertando de una vía de agua. El Gobierno de José María Aznar ordenó alejarse de la costa al Prestige tras detectar un primer vertido y el barco permaneció seis días bajo una tormenta en el Atlántico hasta que el día 19 se partió en dos y se fue a pique generando una de las mayores catástrofes medioambientales.

Ayer, activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta en la fachada del recinto ferial ExpoCoruña, donde se celebra el juicio, con fotografías de los responsables políticos cuando tuvo lugar el vertido, entre ellas la del actual presidente del Gobierno español, y entonces vicepresidente, Mariano Rajoy, quien minimizó la magnitud del desastre negándose a hablar de «marea negra» y utilizando el término «hilillos de plastilina» para referirse al vertido.

«¿Dónde están?»

«¿Dónde están los responsables? Evitemos el petróleo. Evitemos a los irresponsables», denunciaba la pancarta, que apuntaba también al exdelegado del Gobierno en Galiza y actual director de la Policía española y Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; el ministro de Agricultura y Medioambiente, Miguel Arias Cañete; el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos; y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.

En un comunicado, Greenpeace sostuvo que la marea negra «fue debida, además de a las carencias en la responsabilidad en el transporte marítimo que, hoy en día, siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera, a los fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones». «Rajoy, Cascos, Cañete y Matas son irresponsables frente a la catástrofe del Prestige porque no les podemos exigir responsabilidad y actuaron con falta de previsión», señaló.

Por su parte, la plataforma Nunca Máis aseguró que el capitán Mangouras es responsable limitado, pero que realmente en la causa no hay imputados responsables de la catástrofe salvo el exdirector general de Marina Mercante José Luis López Sors. «La Fiscalía no tiene una posición crítica con el Estado», indicó.

«Hasta ahora no hubo una reflexión crítica por parte del PP sobre la gestión del Prestige. Ni la hubo ni la habrá. Y si pasa otra catástrofe seguramente harán lo mismo. Para ellos fue una gestión excelente», denunció.

Junto a la marea negra, el siniestro provocó también una respuesta social sin precedentes, pero todavía hoy continúa el debate sobre si persisten los efectos de la catástrofe y sobre si se han tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar otro suceso similar -ni Greenpeace ni Nunca Máis creen que se haya hecho- y, sobre todo, sobre si la decisión de alejar el buque fue conveniente o no y agravó las consecuencias del la catástrofe, una de las cuestiones que centrará el juicio.