El Gobierno español está dispuesto a aprobar en solitario su reforma «exprés» sobre los desahucios. Por el momento, ni siquiera ha llegado a un acuerdo con el PSOE, después de que la segunda ronda de negociaciones se cerrase ayer a las 21.30 horas sin pacto. Hoy, jornada de huelga general en el Estado español, proseguirán los encuentros a partir de las 18.30 horas. Pese a no contar, por el momento, con el apoyo de Ferraz, el PP está ya elaborando su decreto, que presentará en el Consejo de Ministros de mañana (se adelanta un día debido a la celebración en Cádiz de la Cumbre Iberoamericana). Tanto Amaiur como el resto de formaciones de izquierda presentes en el Congreso español censuraron ayer el «parcheo» que tratan de cocinar entre los dos principales partidos españoles, reivindicando que se escuche a las plataformas de afectados. Entre sus demandas, la paralización inmediata de todos los desalojos en casos de primera vivienda, la dación en pago retroactiva y la puesta en marcha de un parque de alquiler social.

La segunda jornada de negociación, que concluyó a las 21.30 horas, dejó todo como estaba. Si el lunes se hablaba acerca de un grado «altísimo» de acuerdo, ayer llegaron los matices. Y tanto Gobierno español como PSOE se levantaron de la mesa sin consensuar unas medidas que no se acercan a los mínimos expresados por grupos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ni consultar al resto de grupos. Pese a todo, el presidente, Mariano Rajoy, consideró que el diálgo a dos bandas «va bien», sin dar más explicaciones, según citaban a última hora las agencias españolas.

Al margen de declaraciones de buena voluntad, lo importante es el contenido. Según la versión de Moncloa, su intención es aprobar un primer decreto con las medidas que considera «urgentes» y que limita se limita a la asistencia en los casos más «extremos». Por su parte, el PSOE aboga por una amplia reforma de la ley hipotecaria que incluya ciertas ampliaciones de los beneficios. Aunque el PSOE terminase aceptando las tesis del Gobierno, ni siquiera hay acuerdo en cuestiones básicas como la retroactividad o quién se verá beneficiado.

Durante la mañana, cuando todavía no se había celebrado la reunión, ambas partes cruzaron mensajes a través de la prensa. Primero fue el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, quien descartó que lo que se apruebe beneficie a las personas que ya están dentro de un proceso de ejecución. Además, aseguró que los alquileres quedarán fuera. Posteriormente, la responsable de Economía del PSOE, Soraya Rodríguez, argumentaba que no era momento de «parches». Fuentes socialistas indicaron que el Ejecutivo teme la reacción negativa de los bancos.

Decreto, sí o sí

Ya por la tarde, cuando los equipos técnicos se encontraban reunidos, Moncloa dejó claro que aprobará las cuestiones más «urgentes» a través de un real decreto, haya o no acuerdo con el PSOE. Según explicaron estas, la gravedad de la situación no permite que se eternice el debate, así que está dispuesto a recurrir a su mayoría absoluta. Pese a estas prisas, sigue sin dejar claro quién se podría beneficiar y qué familias seguirán indefensas frente a los bancos.

En principio, el Ejecutivo plantea dos primeros niveles de actuación. En primer lugar, la moratoria de dos años que paralice los desahucios para los grupos «más vulnerables». Todavía se está debatiendo, aunque se especula con el Gobierno limite esta categoría a las familias con hijos o mayores a su cargo o personas enfermas. En realidad, la propuesta de Moncloa no va más allá de lo que ya anunciaron el martes las patronales de banca y cajas de ahorros.

En segundo lugar, Madrid quiere incluir la opción de que los bancos estén obligados a renegociar las hipotecas con las rentas más bajas. Este punto también está en discusión, por lo que no se ha fijado un baremo. Las fuentes gubernamentales no aludieron ni a la puesta en marcha de un alquiler social ni a la dación en pago, que constituyen dos de las princpales demandas de los colectivos de afectados.

Sin escuchar a los afectados

Hoy, a 24 horas de que tenga lugar el Consejo de Ministros que aprobará el decreto, PP y PSOE seguirán negociando en solitario y sin recabar las propuestas de colectivos sociales u otras formaciones políticas. A última hora de ayer, fuentes del Gobierno trataban de vender una imagen de avance, argumentando que la segunda reunión había permitido profundizar en el «acuerdo sustancial» que, supuestamente, se había alcanzado el lunes.

En la misma línea, la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, dio prioridad a firmar un pacto, asegurando que cuando este se firme «se explicará detenidamente». De hecho, el Ejecutivo recurrió ayer a un tecnicismo para no responder a preguntas de IU en el Senado. El PSOE, por su parte, valoró la segunda ronda de contactos, limitándose a remarcar que hoy volverán a verse las caras.