Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT-LKN y CNT, y el centenar de colectivos sociales que llamaron a la huelga general del pasado 26 de setiembre han convocado una manifestación para este sábado a las 17:30 en Bilbo. Partirá de la plaza del Sagrado Corazón. Los convocantes esperan que la población vasca dé la cara «contra los desahucios y los recortes sociales. Por el derecho a una vivienda digna».

La mayoría de las centrales sindicales y los agentes sociales destacan en un comunicado que «los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda. Han favorecido los intereses de las constructoras y de la banca». Esa situación ha provocado, según los convocantes de la manifestación, «que el derecho a una vivienda se ha convertido en un bien especulativo en manos de éstas y un lujo para la mayoría de la población. Es -remarcan- el resultado de permitir que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que debería ser un derecho garantizado por el sector público».

ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT-LKN y CNT y el centenar de colectivos sociales reclaman que se dé «la vuelta a la situación». Por ello, insisten en varias demandas, una de ellas «el reconocimiento del derecho de todas las personas a acceder a un a vivienda digna, derecho que se debe poder ejercer de forma efectiva».

Otra demanda de la mayoría sindical y social de Hego Euskal Herria es «la paralización de todos los desahucios de manera definitiva. No se puede negar la responsabilidad de las instituciones públicas y de las propias entidades financieras ante los incumplimientos del pago de hipotecas. Los poderes públicos están sometidos a la banca, que actúa de usufructuaria imponiendo condiciones totalmente abusiva a la hora de financiar las hipotecas».

En su nota, reivindican también la creación de un Instituto de Vivienda Pública, «al que las personas hipotecas puedan ceder la vivienda a cambio de poder seguir ocupándola a través de un alquiler social ajustado a su situación». Como último punto reclaman que el dinero público se dedique «a la promoción directa de vivienda pública en alquiler social, garantizando así el aprovechamiento de los recursos públicos». Para ello, piden una gestión del suelo «socialmente controlada».