La negociación con el PSOE desinfla las tesis del PP sobre los «250.000 exiliados»
El PP ya ha distribuido a PSOE y PNV su propuesta para alterar el censo vasco a través de lo que denomina «exiliados» a causa de ETA. Las primeras impresiones desinflan el globo lanzado por la derecha española. Tras las 250.000 personas de las que se habló en un primer momento, algunas voces en Ferraz las rebajan incluso a «200 ó 300». Las tres formaciones tienen previsto iniciar próximamente un diálogo oficial para abordar el cambio en la Ley Electoral
Alberto PRADILLA | MADRID
«Como mucho, calculo que la modificación de la ley electoral afectaría a 200 ó 300 personas». Ramón Jáuregi, diputado del PSOE, desinflaba así las previsiones iniciales del PP en su propuesta para alterar el censo vasco. La derecha española y sus grupos satélites llegaron a hablar de más de 250.000 «exiliados» a causa de ETA a quienes pretendían dar voto en las elecciones de la CAV y Nafarroa mediante una modificación de la ley electoral sobre la que ya trabajan. Por el momento, la formación que sostiene el Gobierno español ha elaborado un primer texto, que está en manos de PSOE y PNV. Dirigentes del PP como Leopoldo Barreda esgrimen el «reestablecimiento de derechos» de un sector de víctimas. Sin embargo, a nadie se le escapa que su principal objetivo era y es alterar la correlación de fuerzas entre abertzales y unionistas.
Según filtraron esta semana las agencias españolas, el borrador del PP propone abrir el censo para lo que denomina «exiliados» también a sus hijos. Plantea que a sus padres les bastará con haber residido cinco años en Euskal Herria y firmar una declaración jurada en la que se asegure haber sufrido presiones. El punto de partida lo ubica en 1960, cuando Madrid atribuye la primera acción mortal de ETA. Se refiere al atentado ocurrido en Donostia en el que perdió la vida la niña Begoña Urroz y que ya ha sido desmentido por estudios que demuestran que la acción fue llevada a cabo por el DRIL (Directorio Ibérico de Liberación) y no por ETA. Según las agencias, el voto se tramitaría por correo.
Sin poner en duda el sistema
Aunque al PP le basta su mayoría absoluta para imponer el fraude electoral, busca la complicidad de PSOE y PNV, especialmente de los primeros. Por el momento no hay conversaciones oficiales. Según indica Jáuregui, uno de los negociadores, desde sus filas se plantean varios cambios para que «nadie ponga en cuestión el sistema electoral». Sí que son partidarios de reconocer el voto a las personas que acrediten haber dejado Euskal Herria a causa de la violencia de ETA, aunque acotando las condiciones.
Entre las propuestas que plantea el PSOE están la necesidad de acreditar un «origen» o haber vivido en Euskal Herria más tiempo de los cinco años que planteaba el PP. Además, quiere poner como punto de partida los años 1977 ó 1978. Rechaza también la declaración jurada y propone un procedimiento «contradictorio y ante poder judicial», para evitar fraudes. Y finalmente, defiende que la norma «excepcional» sea aplicada únicamente a los afectados, en ningún caso a sus hijos.
El propio Jáuregui insistió en su interés de incluir al PNV en las negociaciones y llevar el texto a la Comision Constitucional del Congreso. Los jelkides estudian todas las propuestas y elaboran sus propias aportaciones. Fuentes de esta formación indicaron que mantienen su posición inicial, de rechazo al intento del PP de manipular el censo.
Por ahora la propuesta está en fase preliminar. No hay prisa. Madrid tiene en el horizonte los comicios de 2015. Habrá que ver hasta dónde llega el PP, presionado por su ala dura y que hace no mucho aseguraba, por boca de Antonio Basagoiti, que había «más exiliados que votos de la izquierda abertzale».
La base del documento es un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Económicos, quien reunió a expertos de la órbita unionista. Entre ellos se encontraban incluso miembros del Foro de Ermua.
Madrid no prevé implantar su alteración del censo hasta las elecciones de 2015. Todavía debaten si estas personas votarían solo a los parlamentos de Gasteiz e Iruñea o también lo harían en las municipales.
El borrador elaborado por el PP para alterar el censo electoral vasco solo ha llegado a manos de PSOE y PNV. Amaiur, que representa la cuarta sensibilidad política en Euskal Herria (y la segunda en votos,según las últimas elecciones en la CAV) ha quedado fuera de estos primeros contactos. Un hecho que fue criticado por su diputado, Iker Urbina, que consideró que la propuesta de la derecha española «apunta a un pucherazo, a ganar posiciones políticas que no consiguen en Euskal Herria». Según indicó el electo abertzale, la coalición defiende que «todos los ciudadanos puedan desarrollar todos sus derechos». Un planteamiento que, a su juicio, debería compartir la totalidad del arco político.
La modificación de la Ley Electoral propuesta por el PP solo se dirige a las personas afectadas por acción de ETA. Sin embargo, Urbina recordó que «hay muchas situaciones diferentes, no solo por la existencia de ETA, sino también las que tienen relación con la represión». En este sentido, reiteró su disposición a «dar solución al origen del conflicto y poner la base para que todas las personas puedan vivir en Euskal Herria sin condicionamientos».
«El oscurantismo con el que se está cocinando la medida es muy sospechoso», añadió el diputado Iker Urbina. Matiza que hasta que la propuesta no se ponga encima de la mesa no podrán valorar hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno español en su intento por alterar la correlación de fuerzas existente en Nafarroa y la CAV. Amaiur insiste en que, por el momento, lo que se conoce es únicamente a través de la prensa. GARA
