La Comisión Europea (CE) no exigirá más ajustes al Estado español en 2012 y 2013 al considerar que ha tomado «medidas efectivas» para reducir el déficit y restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, a pesar de que las cifras de déficit nominales y estructurales se alejan considerablemente de los objetivos.

En una inesperada rueda de prensa, el vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, dijo que «la opinión de la CE es que en estos momentos no son necesarias más medidas en el procedimiento por déficit excesivo abierto contra España», porque se ha hecho un esfuerzo estructural suficiente para 2012 y 2013 dirigido a corregir sus desequilibrios.

Este apoyo, sin embargo, debe ser ratificado aún por el Consejo de ministros de Economía de la eurozona.

Según Rehn, el Estado español ha hecho un esfuerzo que equivale al 5,25% del PIB en 2012 y al 2,25% en 2013 y la mejora anual estimada en el saldo estructural este año y el próximo «está en línea con el esfuerzo requerido en las recomendaciones del Consejo».

En cualquier caso, Rehn advirtió de que «hay riesgos para alcanzar los objetivos nominales en 2013», fijados en el 4,5% del PIB, que se derivan en parte de un escenario macroeconómico demasiado optimista en el presupuesto de 2013 y en parte de proyecciones igualmente «optimistas» respecto a la Seguridad Social.

Presupuestos 2013

Precisamente, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 superó ayer el trámite del Congreso de los Diputados con la incorporación de siete enmiendas, con lo que el texto pasa ahora al Senado. La partida para pagar los intereses de la deuda acapara buena parte del proyecto, que incrementa la partida destinada a las pensiones, pero se recortan los fondos para los ministerios y los destinados al desempleo.

El proyecto prevé un aumento de ingresos consolidados del 0,9% y una subida de gastos del 2,2%, con un déficit de la Administración del 3,8% del PIB. Las cifras se basan en una caída del PIB del 0,5% y una tasa de paro del 24,3%.

El dictamen ha sido modificado únicamente con 7 de las 3.771 enmiendas presentadas, tres de ellas acordadas con CiU, dos con UPN, una con el PNV, y otra con Foro Asturias, ninguna de las cuales supone, según el Ejecutivo, un aumento de gastos.