A los que vivimos en toda su crudeza el terrorismo de estado de los años 80 no se nos olvida el estribillo de la canción de RIP «Terrorismo policial contra gritos de libertad». Una canción que hablaba de «largas horas de tortura vil», porque la máxima expresión del terrorismo policial es precisamente la tortura, un crimen contra la humanidad cuya prohibición en la ley internacional es absoluta. Lo que no ocurre con la pena de muerte.

Así lo reconoce el catedrático de Ética de la Universidad de Deusto Xabier Etxeberria, quien distingue dos tipos de terrorismo, el de «grupos con motivación política armados frente al estado» y el terrorismo de estado, ejercido por «el propio estado a través de una violencia que quebranta gravemente los derechos humanos y que tiene en la tortura su expresión máxima».

PP y PSOE ensalzan el discurso de Etxeberria sobre las víctimas de ETA, y al mismo tiempo ocultan lo que dice respecto a las víctimas de la tortura. Una lacra que, según él, es practicada en secreto, lo que «por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no solo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho».

Debido a ese secretismo tan certeramente denunciado por Xabier Etxeberria, a miles de personas que durante décadas han alegado haber sufrido malos tratos/ torturas se les ha negado su condición de víctimas, exigiéndoles para dicho reconocimiento pruebas que el régimen de incomunicación hace casi siempre del todo imposibles.

A causa de ello, no han recibido la verdad, justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto necesitan, lo que constituye sin duda una enorme injusticia que es preciso afrontar de una vez con justeza e imparcialidad y abandonando de una vez por todas las humillantes exigencias de pruebas imposibles.

En efecto, tal y como afirmó en un artículo a principios de año Jon Landa, exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, «el estado que se autoencubre con eficacia, precisa, para compensar su actuación criminal, una inversión efectiva de la carga de la prueba»; es decir, que la carga de la prueba debe recaer sobre el estado y no sobre sus víctimas.

La solución propuesta por Jon Landa fue «crear un mecanismo proactivo de verdad», y diversas personalidades y agentes políticos y sociales de Euskal Herria están completamente de acuerdo con dicha proposición. También lo están con lo dicho por Landa en el mismo artículo: «lo esencial es que se pongan medios personales y materiales, con independencia y autoridad moral, a buscar la verdad. A ayudar a las víctimas a que puedan decir su verdad.»

Solo así se verán obligadas las autoridades españolas a abandonar el cerrado negacionismo que practican en lo que se refiere al terrorismo de estado y especialmente a la tortura. Un negacionismo que está en abierta contradicción con otra de las ideas claves de Xabier Etxeberria: la necesidad de que los causantes y responsables diversos de los dos tipos de terrorismo por él descritos reconozcan todas y cada una de las vulneraciones de derechos humanos cometidas y el daño causado a las víctimas que las han sufrido.

Los agentes internacionales en resolución de conflictos subrayan que esa es la base imprescindible para resolver cualquiera de ellos: reconoci- miento del daño causado y asunción de responsabilidades. Y eso mismo recalcaron las 25 víctimas, tanto de ETA como del Estado, que participaron en la iniciativa Glencree.

La izquierda abertzale ha dado importantes pasos en esa dirección, pero los responsables del terrorismo de estado se obstinan en negar la evidente importancia de esos pasos para evitar a toda costa dar los que les corresponden por su parte. Sobre todo, el PP, cuya postura negacionista a ultranza supera todo lo imaginable. En cuanto al PSOE, ha empezado a dar algunos tímidos pasos, pero sigue priorizando la mentira y el negacionismo respecto a las víctimas del Estado.

Por eso es tan necesario exigir la creación de un mecanismo proactivo para la averiguación de la verdad que reúna las características que apunta Jon Landa. Un mecanismo realmente imparcial que intente aclarar todas las violaciones de derechos humanos sucedidas en Euskal Herria durante estas últimas décadas.

Desde luego, no logrará aclarar todas las que ha cometido el Estado, porque este bien que se ha cuidado siempre de dejar las menos pruebas posibles, pero seguro que saldrán a relucir no pocas cosas. Por eso se oponen tan frontalmente PP y PSOE a que se constituya ningún mecanismo de ese tipo. Porque le tienen pánico a la verdad. Le tienen pánico a que salga a relucir cuán directa ha sido su responsabilidad en el terrorismo de estado.

Les encantaría poder seguir indefinidamente anclados en el pasado, enarbolando la mentira y el negacionismo como bandera. Les encantaría también poder seguir sirviéndose del terrorismo policial para ahogar nuestros gritos de libertad con ese método de tortura que en tanta estima tiene la Guardia Civil, la «bolsa». Pero ya se pueden ir haciendo a la idea de que les va a resultar del todo imposible. Porque el futuro que estamos construyendo, con la verdad como bandera, no rima en absoluto con terrorismo, sino con libertad.