El conflicto de los desahucios ha provocado un curioso y la vez significativo bucle esta semana. Hace justo una semana, al hilo de la conmoción social provocada por el suicidio de Barakaldo y la gran movilización social inmediata en Euskal Herria, Kutxabank se convertía en el primer banco del Estado en optar por una paralización momentánea de sus desalojos. Obviamente no fue por convicción propia, dado que oportunidades sobradas tuvo de hacerlo antes, sino por la presión de la calle y también de algunas instituciones que sí ejercieron su papel de representantes y líderes de sus sociedades. A su vez, la decisión de Kutxabank vino a poner muy en entredicho la actitud el resto de bancos estatales, que el lunes se sintieron arrastrados a decretar también una moratoria. Sin embargo, esta segunda decisión encerraba su riesgo, como alertaron algunas voces desde el primer momento, y no tardó en confirmarse cuando el Gobierno del PP puso letra a la partitura esbozada por la banca estatal en esa paralización obligada: la interrupción de los desahucios solo afectará a casos muy extremos y, en consecuencia, deja casi intacto un problema cuyas víctimas ya son legión. Obviamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no actuó esa vez como canalizador de una voluntad ciudadana -ni siquiera con una mayoría absoluta que le debería reportar gran legitimidad, ni siquiera tras el inédito impulso de muchos jueces que exigen cambiar la ley, ni siquiera con la presión añadida de una huelga general de por medio-. No, La Moncloa prefirió gestionar el interés de una banca que lo ha convertido ya en títere. Para cerrar este bucle, ayer mismo en Bilbo la ciudadanía vasca volvió a tomar el liderazgo en la exigencia de una solución a esta lacra. Resumiendo mucho, las puertas abiertas hace una semana en las calles de Barakaldo vinieron a cerrarse desde Madrid, pero el proceso no es neutro: deja sus conclusiones, positivas y negativas.

Nafarroa, Bizkaia y Gipuzkoa

En un panorama de crisis con impacto brutal en la sociedad, los proyectos presupuestarios, hasta hace bien poco tiempo ajenos a la preocupación general de la ciudadanía, se convierten en noticia principal. Y también en la prueba del algodón para los partidos que gestionan esas instituciones, obligados a fijar prioridades.

Frente a clichés de otros tiempos en que todas las instituciones eran del mismo color, y también frente a discursos -como el de ELA- extrañamente interesados en la falacia de situar a todas las fuerzas políticas en las mismas posiciones, los anteproyectos ya presentados reflejan que algo está cambiando en ciertos puntos de Euskal Herria. No desde luego en Nafarroa, donde UPN se limita a copiar el dictado que le leen desde Madrid y en el que solo hay cabida para recortes de partidas sociales en cascada, previsiones infladas que se revelan cada vez que se contabiliza la recaudación y trapicheos inconfesables como el caso del IVA de Vokswagen o el convenio de financiación del TAV. Una política que se traduce en que la huelga del miércoles sí tuviera un impacto importante en ese herrialde y en que la marcha de los colectivos de Herri Ekimena se desarrollara bajo el transparente lema de «UPN kanpora».

El proyecto de presupuestos de Yolanda Barcina tiene como mayor contrapunto el de la Diputación de Gipuzkoa. Resulta ilustrativo comprobar cómo, pese a incluir las voluminosas materias de sanidad y educación en que tiene competencia plena el Gobierno navarro, el porcentaje de gasto social anunciado por UPN se sitúa prácticamente en la misma cota que el de Gipuzkoa (49% frente a 48%), en el que solo se contabilizan las políticas sociales propiamente dichas. Tan ilustrativo como constatar que en el anteproyecto de la Diputación de Bizkaia, esta vez sí con las mismas atribuciones, este porcentaje baja del 48 al 42% respecto al de Gipuzkoa.

La nueva senda emprendida por Bildu, con todo, empieza a tener efecto contagio sobre las políticas del PNV. El aumento del Impuesto sobre Patrimonio o la retirada de ayudas a los clubes de élite anunciadas esta semana por José Luis Bilbao son dos ejemplos muy evidentes de cómo sí cabía aumentar los ingresos -a partir de quienes más tienen- y también recortar gastos de utilidad social dudosa -aunque pueda resultar impopular-. Y todo ello, en suma, muestra que sí es factible empezar gobernar con y para la ciudadanía, si en el centro de las preocupaciones políticas se ponen sus necesidades y si las decisiones se toman fuera del radar de Madrid.

Turno para Urkullu

En cualquier actividad, empezar hoy a mover las cosas tiene el efecto añadido de facilitar movimientos mayores mañana. En el acto central de EH Bildu para el 21-O, Laura Mintegi usó una metáfora válida: a quienes gestionan las instituciones vascas en esta era les toca obligadamente ser un poco cojos y un poco bizcos, porque tienen que tener un pie en el actual marco y otro en el futuro, deben hacer política mirando con un ojo a esta realidad de hoy y poniendo el otro en la soberanía total, único escenario que garantiza de verdad otra política.

Este es el escenario en que Iñigo Urkullu se dispone a tomar las riendas del Gobierno de Lakua. Ha decidido hacerlo sin apoyos, una opción perfectamente respetable. En sus manos está, por tanto, sumarse al inicio de ese cambio y a la vez empezar desde ya a poner un pie y un ojo en una transición imprescindible para la que no le faltarían aliados, ni en las instituciones ni en la calle.