En una entrevista publicada por el diario catalán «Ara», Arnaldo Otegi aseguraba esta semana que es preciso habilitar canales de comunicación con las víctimas de la actividad armada de ETA, entendiendo que ello sería beneficioso para todos. Pese a los grandilocuentes titulares con los que muchos medios extractaron esa reflexión, esta se encuentra inscrita en la misma médula de la disposición expresada por el conjunto de la izquierda abertzale desde tiempo atrás.

La reconciliación, entendida como convivencia democrática y no como talk show con el que eludir el fondo político y las responsabilidades contraídas por cada parte, conlleva el reconocimiento y el respeto no solamente hacia la otra persona y su sufrimiento, sino también para con sus derechos. Esta posición política quedó meridianamente clara en la declaración hecha pública en enero de este año en el Kursaal, «Konponbide haizea dabil». Transcurridos más de diez meses, la cuestión de las víctimas sigue vinculándose con la agenda política de algunos partidos y con los intereses de un puñado de tecnócratas que aspiran a medrar sine die a la sombra de la vieja nomenclatura del pacifismo oficial.

Uno de sus más conocidos exégetas es Josu Ugarte, presidente de Bakeaz, a quien el Gobierno del Patxi López acaba de conceder el Premio René Cassin, distinción que pone en valor su compromiso «con la defensa de los Derechos Humanos y su defensa de los principios ético-pedagógicos de una educación para la paz frente a la violencia terrorista padecida». Hasta aquí las loas a sus dos décadas de dedicación subvencionada. Nada nuevo bajo el sol que calienta a los teóricos de «la deslegitimación social del terrorismo», libro de cabecera del defenestrado lehendakari.

Ugarte, sin embargo, ha sacado los dos pies del tiesto para ubicarse en el centro de la actualidad política. Con el pretexto de un galardón otorgado en el círculo endogámico del que son vanguardia ideológica, el presidente de Bakeaz se apresura a decirle a Urkullu lo que tiene que hacer: «no dejarse tentar por los cantos de sirena de los radicales», los mismos «etno-identitarios y amigos de las pistolas» que en la misma entrevista califica como «sus enemigos»; además, aconseja al de Alonsotegi que acuerde con PSE, PP, UPyD y el Gobierno español el modo de encarar «el fin de ETA y la herencia del terrorismo».

Al igual que les ocurre a tantos otros, el entrevistado se muestra soliviantado por los resultados obtenidos por la izquierda soberanista, que -sostiene- «ha accedido a las instituciones vascas con demasiada fuerza y sin haber hecho examen de conciencia». Pero lo mejor lo deja para el final, ya que a su entender, la convivencia debe fundarse en la justicia de las víctimas, no transigiendo ante las presiones de los victimarios por lograr la impunidad». Detengámonos en este nuevo concepto: justicia de las víctimas. Para empezar, acota de manera categórica el término «víctima» excluyendo del ámbito normativo de la memoria a cualquiera que no haya sido muerto o afectado por la actividad de ETA. Por supuesto, relativiza y banaliza la gravedad y los efectos de la violencia de los estados, relacionándola en todo momento con respuestas ocasionales a una violencia original (la que atribuye a ETA) y que afecta a víctimas-victimarios en cuestiones tan graves y extendidas como la tortura o lo que eufemísticamente denominan «abusos policiales». Finalmente, remite toda acción posible de justicia a los tribunales españoles, los mismos que han permitido que las víctimas de la violencia policial y del terrorismo de estado no hayan recibido una micra de justicia, reconocimiento y reparación en las últimas ocho décadas.

Este es el legado de dos largas décadas de pesebre y autoinvocación en el ámbito del pacifismo financiado por las estructuras del Estado. Ahora que han perdido vigencia y sentido las exigencias a ETA para que ponga fin a la lucha armada, la reconversión pasa por esgrimir la memoria como último bastión de su existencia. Siempre habrá algún pretexto que justifique seguir chupando del bote, pero que esa vocación clientelar acarree la negación o la categorización de buena parte del sufrimiento, que obvie o relativice la muerte de 235 civiles a manos de fuerzas policiales o bandas paramilitares, de otras 140 más en circunstancias de flagrante vulneración de los más elementales derechos humanos, que catalogue los miles de denuncias de tortura como «execrable proceder» circunstancial y asociado a la respuesta del Estado a la violencia de ETA, es algo inadmisible. Ya va siendo hora de denunciar que debajo de la condecoración otorgada a estos enemigos declarados del nacionalismo vasco solo hay un pago de favores. Pese a sus pretensiones, cualquier proceso de educación para la convivencia pasa precisamente por combatir buena parte de los aspectos teóricos, pedagógicos y metodológicos que propugnan aplicar de forma extensiva y progresiva en el sistema obligatorio de enseñanza a modo de acciones didácticas. ¿La educación para la paz de nuestros hijos e hijas en manos de maniquíes (del holandés manneken, que significa «hombre pequeño») sin corazón como el presidente de Bakeaz?

Afortunadamente, hay sectores que, habiendo recibido directamente el impacto de alguna de las violencias efectivamente presentes en Euskal Herria durante el último medio siglo, son capaces de mirar más allá de la perspectiva ofrecida por este y otros obispos paganos de la razón de estado. A las pruebas me remito. El próximo miércoles 21 de noviembre la Universidad de Barcelona, en colaboración con la Fundació Ernest Lluch, organiza las III Jornadas Parlem D'Euskadi, en recuerdo precisamente del político catalán muerto en atentado por ETA. El objeto de esa jornada académica es acercarse al papel de las víctimas en este nuevo escenario, y hacerlo realzando la mirada de otras personas a las que los medios apenas prestan atención, pero que defienden dar pasos hacia la distensión y la paz. Para ello, han invitado a gente de conocida trayectoria, como Gorka Landaburu o Verónica Portell, a Robert Manrique (expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Catalunya), pero también a Karmen Galdeano, de Egiari Zor, y al miembro de la izquierda abertzale Pernando Barrena, para que expliquen la realidad de las víctimas de la violencia estatal y la propuesta del Kursaal, respectivamente.

Llama la atención que en un foro abierto en Catalunya, auspiciado por la Universidad, la familia Lluch y con la participación de personas directamente golpeadas por la lucha armada, haya también espacio para esa otra realidad, como es la de las víctimas de la represión y del terrorismo de estado. Si bien la resolución de los problemas políticos pendientes en nuestro pueblo no depende de este tipo de actitudes, la capacidad de reconocer el dolor ajeno, de no exculpar o minimizar la responsabilidad de los estados en décadas de confrontación son, de partida, un buen canal de comunicación para abordar las consecuencias del conflicto. La verdad completa, el reconocimiento y la reparación, la justicia transicional en el marco de una comisión de la verdad ajustada a los principios del Derecho internacional serán las vías efectivas. Por último, hay que definir la participación de la sociedad sin el veto de los paniaguados y definir la agenda básica de solución al conflicto. Posible e imprescindible.