A la manifestación también se sumaron UGT y CCOO a través de la denominada "Cumbre Social Vasca", plataforma de la que forman parte estos sindicatos y otras organizaciones como Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La organización de afectados por la hipoteca Sendia también participó en la movilización, aunque ha convocado otra para hoy, también en Bilbo..

Entre los participantes en la manifestación de ayer, que partió del Sagrado Corazón y finalizó frente al Ayuntamiento, se encontraban la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide; el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado; y representantes políticos como Laura Mintegi, de EH Bildu; Maribi Ugarteburu y Tasio Erkizia, de la izquierda abertzale; Unai Ziarreta, de EA; Igor López de Muniain, de Aralar; y Oskar Matute, de Alternatiba.

Al término de la marcha, Miguel Ángel Miguel, de la organización Danok Lan de Galdakao -una de las convocantes-, leyó un comunicado, en el que los promotores de la protesta demandaban, entre otras reivindicaciones, «la paralización de todos los desahucios de manera definitiva». Reclamaron, asimismo, la creación de un instituto de vivienda pública, al que las personas hipotecadas puedan ceder la vivienda a cambio de poder seguir ocupándola a través de un alquiler social.

«Ni un desahucio más, no a los recortes sociales», reivindicó el responsable del área social de ELA, Mikel Noval, antes de iniciarse la marcha. El dirigente de ELA defendió el derecho «de todas las personas a acceder a una vivienda digna» y criticó que los responsables políticos «están dando un espectáculo lamentable» porque hacen «lo que quiere la banca» en lugar de «lo que quiere la ciudadanía». «¡Ya basta de hacer caso a lo que quiere la Asociación Española de Banca! ¡Ya basta de dejar a la gente en la calle!», denunció.

Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, abogó por la «lucha colectiva» en defensa de «otro modelo social» y manifestó que con esta movilización se da «un paso porque es, seguramente, la primera vez que ante esta crisis coincidimos todos los sindicatos, la gran mayoría social, ante una reivindicación derechos sociales por encima del capital».

La dirigente sindical denunció que el Gobierno del PP con el último decreto que ha aprobado relativo a los desahucios «ha vuelto a demostrar que no es capaz de poner límites a los intereses del capital».

Etxaide añadió que las medidas adoptadas «no van a solucionar ni un 3% de los casos de desahucio» y puntualizó que los convocantes no piden una reforma de la Ley Hipotecaria, sino una ley «que garantice el derecho a una vivienda digna» para todos. La máxima responsable de LAB también abogó por que las instituciones vascas emprendan «un camino propio» y tengan capacidad «de tomar decisiones» en este ámbito.

«Mejor un parche que nada»

Entretanto, el nuevo fiscal superior de Nafarroa, José Antonio Sánchez Sánchez-Villares, cuyo nombramiento fue publicado el viernes en el BOE, afirmó que, si el decreto-ley aprobado por el Gobierno español sobre desahucios es un «parche, es mejor eso que no aprobar nada y continuar con todos los desalojos». Sánchez, salmantino de 55 años, que sustituye en el cargo a Javier Muñoz, comentó que, «desgraciadamente», las personas que han sido desalojadas de sus casas opinarán que el decreto llega tarde, pero «yo me quedo al menos con que se ha sabido reaccionar», dada «la gravedad y el drama humano que suponen los desahucios».

El fiscal superior justificó que «en este momento, no se podía aprobar nada más que un parche, ya que modificar adecuadamente la ley hipotecaria iba a costar mucho tiempo» y, mientras tanto, los desahucios se iban a seguir produciendo.

Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) dice que sería «muy perjudicial» acometer «reformas de calado» en la Ley Hipotecaria como forma de lucha contra los desahucios, ya que «rompería la seguridad jurídica para los acreedores, y encarecería y limitaría el crédito para acceder a una vivienda».

En una carta remitida a los bancos, el presidente de la AEB, Miguel Martín, dice que se «podría alterar el mercado de cédulas hipotecarias, en el que los inversores extranjeros tienen un porcentaje relevante».