Organismos humanitarios y grupos que reúnen a víctimas del conflicto guatemalteco (1960-1996) denuncian el retraso en los procesos contra los acusados de genocidio y pidieron a la comunidad internacional que exhorte al Estado a que se investiguen estos crímenes. Según una nota de 26 organizaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto, los abogados de militares implicados en matanzas recurren a «tácticas dilatorias» para evitar ser juzgados. Se refieren concretamente al exjefe de estado de facto (1982-1983), el exgeneral Ríos Montt, quien afronta dos procesos judiciales por matanzas perpetradas por el Ejército durante su régimen.