Esta semana ha sido pródiga en acontecimientos de calado en los que la izquierda independentista ha mostrado que ocupa un espacio creciente en la política de este país. Especial atención merecen el comienzo del trascendental proceso de debate de Sortu y la situación en Nafarroa donde se tambalea el gobierno de UPN y con él el entramado institucional en el que se sustenta la partición. Sin embargo, voy a referirme hoy a otras cuestiones que me parecen significativas por lo novedoso del ámbito de disputa política. Me refiero a la presentación de los presupuestos en las diputaciones y al escándalo de las cajas. Porque hoy la batalla política se está dando también en esos escenarios, hasta hace poco baluartes inaccesibles del poder jeltzale, lo que es un reflejo del avance de la izquierda vasca.

Las diputaciones vascongadas han presentado sus proyectos de presupuestos. Bizkaia reduce su presupuesto de gestión directa un 6,1% y Araba un 9% mientras Gipuzkoa solo lo hará en un 2,7%. La razón del descenso generalizado es, principalmente, el bajón de la actividad económica que indudablemente merma la recaudación. Pero el descenso es mucho menor en Gipuzkoa gracias a la reforma fiscal implantada por Bildu. Además de recaudar mejor, la diputación guipuzcoana también tiene una mayor sensibilidad social, ya que dedica a gasto social el 48% de su presupuesto, frente al 42 y 44 de Araba y Bizkaia. El resultado de todo ello es que mientras en Gipuzkoa se mantienen las prestaciones sociales, en Bizkaia y en Araba, gobernadas de facto por la alianza PNV-PP, se recortan.

Aun así, José Luis Bilbao necesita más dinero para tapar los agujeros de su gestión (provocados también por el desfase de la deuda, las empresas forales y la errónea política de infraestructuras) y ha presentado una reforma del Impuesto de Patrimonio para ampliar la recaudación. Para que quede claro que Bilbao ha tomado nuevamente su decisión mirando a Gipuzkoa, que ya había hecho lo propio con anterioridad, el diputado afirma que «les pasamos por la izquierda». Atrás quedan las durísimas críticas que Bildu ha recibido del PNV, la patronal y sus medios de comunicación afines por su política fiscal progresista. Ahora José Luis el Rojo, a pesar de que su propuesta es parcial y tiene deficiencias, reconoce que los que más tienen tienen que pagar más y hace ostentación de ello, no como en julio de 2011 cuando afirmaba que «todos los días se están lanzando desde ámbitos institucionales mensajes para buscar un titular de prensa, hacerse el progre y el izquierdoso, o para intentar recuperar un liderazgo que no se tiene en otros ámbitos.»

Quizás los presupuestos de Gipuzkoa no sean revolucionarios, o quizás sí, porque las decisiones políticas no pueden valorarse al margen del contexto en que se toman. En todo caso, en medio de la ofensiva liberal y de recortes que padece Europa, revertir la tendencia, subiendo los impuestos a los que más tienen para mantener el gasto público y los servicios sociales es definitivamente un paso en la buena dirección que además está obligando a otros a moverse.

La operación para arrebatar a EH Bildu la dirección de Kutxa pasará a los anales de la infamia política. La combinación de pactos antinatura, que no pueden tener su origen en ninguna razón confesable, con la aplicación fraudulenta del reglamento nos sitúa ante un escándalo sin precedentes. Estoy convencido de que Iturbe y el PNV se jugaban algo más que el cargo en las elecciones de Kutxa. El fracaso de su política inmobiliaria especulativa había llevado a la caja a una situación límite. Las auditorías externas reflejaban importantísimas pérdidas camufladas en los balances como minoración de patrimonio. Basagoiti insinuó en junio de este año que si no se hubiera producido la fusión de las cajas Kutxa hubiera tenido que ser rescatada. Se auguraban muchas sorpresas si un nuevo equipo directivo hubiera accedido al análisis de la situación real de la Caja. Por si fuera poco, Kutxa podía haber sido un caballo de Troya popular en Kutxabank que impidiera a PP y PNV llevar a cabo sus planes liberales en la caja unificada.

Por eso han maniobrado a la desesperada, aun siendo conscientes de que sus tácticas dejan atónita a la ciudadanía. La coincidencia en este pacto entre el PNV de Urkullu, y el PP es lógica, ya que ambos partidos comparten modelo socioeconómico y su acuerdo es total en todo lo referente a Kutxabank. La complicidad de PSOE y CCOO provoca algo más de sorpresa. Si la conclusión que ha sacado el PSOE de su último fracaso electoral es que no tiene que acudir a reuniones como la de Aiete y que debe entregar el control de las cajas a la derecha me parece que este partido está muy lejos de haber tocado fondo. CCOO por su lado, lleva años asumiendo el papel de brazo del constitucionalismo más rancio, desde la Ertzaintza hasta la UPV, y viviendo de las subvenciones recibidas a cambio de no molestar. Y ahora esto. Luego algunos ponen cara compungida y se lamentan de que la gente esté cada día más harta de la clase política y del sindicalismo amarillo.

La alternativa que EH Bildu defendía para gestionar Kutxa y trabajar dentro de Kutxabank, proponía, además de la paralización de los desahucios, el mantenimiento del carácter público de las cajas y el reforzamiento de su obra social y el uso de sus recursos, el ahorro de los vascos, para financiar las necesidades de la ciudadanía y las Pymes vascas. El incalificable frente antiBildu bloquea ese proyecto, priva a los guipuzcoanos de conocer la realidad sobre su caja y pone al frente de la misma a un incompetente especulador inmobiliario para que sea un peón de Mario Fernández, el banquero al que el PPNV ha encargado privatizar y españolizar Kutxabank.

El pasado 23 de marzo en la asamblea de la caja vizcaina se presentó una propuesta, defendida entre otros por los representantes de la izquierda abertzale, que reclamaba «que la BBK paralice la ejecución hipotecaria a clientes que no cuenten con más patrimonio que su vivienda habitual y que se encuentren en riesgo de perderla debido a una situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria». El PNV rechazó la propuesta, que calificó de «populista y demagoga» y M. Fernández (sueldo conocido en 2011: 662.000 euros) argumentó que de aceptarse, «tendría un gravísimo impacto en la cuenta de BBK y, por tanto, en su solvencia». PSOE, CCOO, Pixkanaka: Este es vuestro hombre, esta es vuestra postura real sobre los desahucios. Ahora que cada uno explique a su gente lo que ha hecho. Si puede.

En agosto, en un artículo sobre las posibles alianzas postelectorales escribí que si el PNV se negaba a conformar un gobierno de unidad con EH Bildu, tal y como era previsible, asistiríamos a «la constitución por el PNV-PSOE-PP de un tácito tripartito sistémico en lo político y lo económico, frente a una izquierda abertzale convertida en la única alternativa en lo nacional y lo social.» Esta realidad no se va a mostrar siempre con la obscena crudeza con la que se ha manifestado en el proceso electoral de las cajas, pero va a ser posiblemente el telón de fondo de los próximos años. Esta situación de todos contra EH Bildu facilita mucho la lucha ideológica, porque deja claro a todo el mundo, excepto a algún sindicato campeón de la insurrección sobre el papel, la existencia de dos modelos distintos y contrapuestos en lucha por la hegemonía sociopolítica del país. Pero además de aprovechar esa evidencia para acumular nuevos sectores a nuestro proyecto debemos obrar con inteligencia. Habrá que pelear en solitario cuando la coherencia política así lo exija, pero también hay que aprovechar las contradicciones del bloque sistémico (que, no lo olvidemos, tiene una base social mayoritariamente ajena, cuando no opuesta, a muchas de las políticas de sus cúpulas dirigentes) para llegar a acuerdos que permitan desarrollar políticas de izquierdas y en clave nacional. Seguimos avanzando.