Los partidos vascos han comenzado la nueva legislatura con una dinámica perversa que poco o nada tiene que ver con la voluntad de llegar a acuerdos amplios, de futuro y en clave de país que defendieron durante la campaña electoral. Lo cual es aún más triste si tenemos en cuenta que Euskal Herria vive un momento realmente crucial, tanto porque la crisis socioeconómica requiere de un cambio radical en las políticas y modos de hacer como porque el proceso de paz y normalización requiere de un impulso sincero y sostenido por parte de todos, especialmente de los representantes políticos. Esta semana ha sido particularmente desesperanzadora en lo que a la clase política vasca se refiere. La teatral trifulca entre PNV y PSE a cuenta del traspaso de poderes en Ajuria Enea, la negativa del PSE a acudir a la cita con Jonathan Powell en Aiete y el ardid de PNV, PSE, PP y CCOO para vetar a los representantes de EH Bildu en los órganos de dirección de Kutxa -todo ello a la vez y sin que a los protagonistas les resulte contradictorio o patético-, son muestras de un modo de hacer política artero que, como no podía ser de otra manera, genera enfado y desapego entre la ciudadanía.

Los «beneficios» que a corto plazo puedan dar a los partidos este tipo de maniobras resultan contraproducentes a medio plazo. El PSOE es, quizá, el máximo exponente de ello. Pero no el único. La posición de debilidad de Yolanda Barcina y su Ejecutivo tiene que ver con ese proceder. Esta semana el resto de partidos, con la excepción del PP, rechazaban la propuesta de presupuestos de UPN y planteaban la necesidad de un cambio de ciclo. Está por ver cómo se puede articular ese cambio con un PSOE en descomposición que lastra a sus representantes en tierras vascas (y, conviene recordarlo hoy, también en tierras catalanas, gallegas...). Pero lo cierto es que el modelo que han impulsado los regionalistas con el apoyo de Madrid resulta inviable a todas luces, lo que obliga a buscar alternativas y, por definición, acuerdos.

Si algo hay que remarcar en este terreno esta semana, sin duda es la postura de los electos de Ipar Euskal Herria, que el martes mostraban en Aiete que, cuando se trata de cosas tan importantes como la paz, es posible mostrar ánimo constructivo y una imagen de unidad. Ayer, al apoyar una amplia mayoría de la asamblea general del Consejo de Electos una moción que reivindica la creación de una Colectividad Territorial específica vasca, volvían a demostrar que la dinámica política al otro lado del Bidasoa tiene su propio ritmo y que, en la medida en que está ligada a las demandas sociales de esos territorios, es cada vez más autónoma.

Una «agenda para la paz»

Un años después del cese definitivo de su actividad armada, ETA expone en un nuevo comunicado la necesidad de establecer una «agenda para la paz». Tras su lectura, resulta evidente que este comunicado no es un ejercicio retórico que responda a una efeméride. Contiene propuestas concretas, viables, acordes con las exigencias de la comunidad internacional y abiertas al debate -tal y como demuestra, por ejemplo, que si bien ETA considera que la cuestión de las víctimas transciende esta agenda de diálogo concreta, se muestre dispuesta a incluirla si se considera necesario o positivo-. No rompe con la necesaria discreción que requieren este tipo de diálogos, pero fija una posición de partida transparente, suficiente y positiva.

La formulación de la «agenda de diálogo» es muy abierta, tan solo concretada en la necesidad de buscar «fórmulas y plazos», lo que ofrece un margen de maniobra magnífico para encontrar soluciones a estos temas, de por sí complejos y delicados.

ETA no elude una lectura crítica y contundente de la situación de bloqueo generada por la respuesta negativa dada por los estados gobiernos español y francés a la Declaración de Aiete, algo que quedó de manifiesto en la mencionada reunión con Jonathan Powell. Pero eso no evita que su respuesta sea en todo momento constructiva. Entra también a una cuestión de sentido común, ya planteada por diferentes expertos y por los representantes de la comunidad internacional que han seguido el desarrollo del proceso: la necesidad de que la resolución del conflicto se dé de manera ordenada y, por lo tanto, dialogada. Pero eso no es excusa para que la organización vasca muestre su plena disposición, «más allá de los pasos dados como consecuencia de acuerdos», a adoptar nuevas decisiones, atendiendo así al principio de unilateralidad que ha marcado el proceso hasta ahora y que ha sido efectiva para avanzar en él. En definitiva, una propuesta muy medida y elaborada.

Frente a ello, la primera reacción del Gobierno español no se hizo esperar y, sin demora, accionó el mensaje automático que dice «el único comunicado que espera Interior es el de la disolución definitiva de la banda». Tan previsible como insostenible a medio plazo. No al menos sin un alto coste tanto en Euskal Herria como a nivel internacional, donde cada vez resulta más incompresible su cerrazón en este tema. Porque lo razonable es fácil de entender, y lo contrario resulta injusto.

Mientras tanto, hoy mucha gente estará mirando a lo que ocurra en Catalunya. Allí también es momento de valorar las propuestas de los partidos, hasta qué punto son transparentes, viables y en clave de futuro. Frente a la negación de los unionistas, hoy por hoy son los independentistas quienes abanderan esas propuestas. Lo contrario de la independencia es la dependencia.