La decisión de Dilma Rousseff de destituir a los funcionarios implicados en un nuevo caso de corrupción llegó un día después de que la Policía Federal llevara a cabo la llamada «Operación Porto Seguro» para arrestar a seis de los 18 acusados de integrar la red de corrupción.

La operación tuvo como fin desmantelar una organización en la que están implicados varios altos funcionarios del Estado, que tendría ramificaciones en un ministerio y siete órganos públicos, y que se dedicaría a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos, informó Efe.

Entre los 18 acusados de delitos como corrupción, falsificación de documentos y tráfico de influencias figura la jefa de Gabinete de la Presidencia en São Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, así como directores de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac).

Según el comunicado divulgado por el palacio presidencial de Planalto, todos los funcionarios formalmente acusados serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones.

Rousseff también ordenó que todos los organismos citados en el proceso policial inicien investigaciones administrativas propias, de acuerdo con la nota.

En cuanto a los directores de las agencias reguladoras acusados, la jefa de Estado decidió tanto su separación de los cargos como la apertura de procesos disciplinarios.

Novoa de Noronha fue nombrada como jefe del Gabinete de la Presidencia en São Paulo en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff la mantuvo en el cargo cuando sustituyó a su mentor político en 2011.

La funcionaria, acusada de tráfico de influencias y corrupción, había sido secretaria del exministro de la Presidencia José Dirceu, condenado a diez años y diez meses de cárcel en el mayor juicio por corrupción ya realizado en el país.

Igualmente fue destituido José Weber Holanda, el segundo funcionario en la jerarquía de la Abogacía General de la Unión.

La red de corrupción estaría encabezada por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, el primero director de la ANA y el segundo de la Anac, dos de los arrestados el viernes y que también perdieron los cargos.

La trama corrupta al parecer también tenía ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación.