En los largos años de militancia política he tenido ocasión de ser miembro, consejero e incluso presidente de algunas entidades de carácter local o comarcal, pero esta es la primera vez que como miembro de la asamblea de Kutxa y en calidad de consejero y candidato a la presidencia de la entidad, he tenido la oportunidad de participar en la primera sesión del Consejo de Administración y, todavía hoy, no puedo ocultar el asombro ni olvidar la política de hechos consumados que habían tejido y acordado los representantes del PNV, PSOE, PP, junto con los representantes de los sindicatos CCOO y PK, en connivencia con los servicios jurídicos de la casa, para desbancar a EH Bildu de los órganos de participación y representación de Kutxa y, por extensión, de Kutxabank.

Cualquier referencia a acusaciones de pucherazo, tongo, prevaricación, falta de ética y democracia o fraude de ley, hubiera sido abusiva si no hubiese asistido en primera persona a toda una serie de vulneración de derechos, de ataque a la igualdad de oportunidades, de compra-venta de voluntades e intereses que poco o nada tienen que ver con la gestión limpia, transparente y de servicio a los intereses de las clases populares, intereses económicos culturales, sociales, lingüísticos que la sociedad guipuzcoana y la vasca en general nos reclama.

Los hechos y decisiones en torno a la elección de los Consejeros de Kutxa podrían haber ofrecido material suficiente para el guión de una película con escenas altamente significativas de confabulaciones, traiciones, manipulaciones y compra-venta de voluntades. Este guión habría que escribirlo si no hubiese sido ya narrado, aunque a distinta escala, en la película «El Capital», donde se reflejan la ausencia de toda ética o moral y el atropello de los valores humanos más elementales con tal de continuar al amparo de los poderes económicos. Un círculo que ni principios humanos, políticos y sociales fundamentales son capaces de romper.

En la sucesión de hechos que suceden desde que concluye la presentación de candidaturas para la elección de consejeros de Kutxa hasta la elección del propio Consejo, resulta difícil comprender racionalmente que se anulara la única candidatura presentada por los colectivos sociales a los que les corresponde un puesto en el Consejo de Administración con el argumento de que el suplente de la candidatura supera la edad para ser miembro del consejo; argumento que ningún reglamento defiende, puesto que esta imposibilidad únicamente se recoge en el caso en que haya sido elegido para dicho cargo, no antes de la elección. Pero este hecho, en sí alarmante, resulta crucial para que el presidente pueda valerse para nombrar un candidato afín a su partido e ideología, pero sin cumplir la condición de que la candidatura pudiera contar con un suplente, puesto que ningún miembro de la asamblea al margen del representante de DYA quiso avalar dicha candidatura. Haciendo oídos sordos de las voces que reclamaban el no cumplimento de la legalidad y ante el silencio de los servicios jurídicos, se da por hecho el nombramiento de un consejero sin ni siquiera someterlo a votación. La sensación de tongo y pucherazo se apodera de la asamblea que ve cómo se desarrolla un guión escrito por quien es juez y parte, el señor Iturbe, presidente y candidato a la reelección.

Siguiendo con la asamblea, me resultó personalmente humillante que, ante un empate entre los electos de las corporaciones legales, hubiera que dilucidarse el desempate entre el representante del Ayuntamiento de Tolosa, a quien represento, y el representante del Ayuntamiento de Madrid, perteneciente al PP, que estaba siendo avalado por el PNV. Lo que causaba humillación no era la presencia del PP sino el aval que recibía del PNV. La suerte sigue siendo todavía algo que el PNV no puede controlar.

Una vez reunido el recién nombrado Consejo de Administración, la trama de la película quedó al descubierto y se acabó con el suspense. Los partidos y organismos sindicales antes mencionados tenían acordado cómo dilucidar la elección de la dirección de Kutxa si la suerte no les sonreía. Efectivamente, habían acordado que en el caso de empate a consejeros, el miembro de la mesa de edad sería determinante porque dispondría del voto de calidad, y para ello se valieron de la buena disposición de un consejero del PSOE que por tener cumplidos 69 años era la persona idónea para esta operación de maquillaje, puesto que era materialmente imposible que ninguna otra persona pudiera ostentar dicha potestad y para eso estaban presentes, esta vez sí, los responsables jurídicos de Kutxa para avalar dicha determinación.

Paradojas de la edad. Ser mayor de 70 inhabilita una candidatura aun antes de ser elegido. Tener 69 años es razón para gozar de prebendas y privilegios y poder incluso elegir presidente del consejo, asignando competencias mayores que a la propia asamblea de compromisarios de Kutxa. Luego dirán que han cumplido escrupulosamente con la legalidad. ¿Quién podrá creerles?

Ante semejante atropello e indefensión, solicitamos reiteradamente a los responsables jurídicos de Kutxa presentes en el Consejo que presentaran un informe jurídico que justificara la utilización del voto de calidad para dirimir el desempate, petición que desoyeron una y otra vez argumentando que la interpretación de la letrada general de Kutxa era la que favorecía la elección de Iturbe como presidente.

Ante tanta sinrazón la pregunta era obligada «¿Señora Leal, puede usted confirmarnos que durante los días y horas anteriores a la elección del presidente, usted no se ha reunido ni ha sido consultada por algún consejero presente en esta mesa interesado en conocer su criterio sobre la forma de dilucidar las mayorías en caso de empate o sobre su disposición a aceptar el criterio de mayor edad a la hora de dotar de competencias al presidente de la mesa?». No hubo respuesta a la pregunta. Es decir, ni sí ni no, sino todo lo contrario. En caso afirmativo sería prevaricación.

Mientras esto ocurría los trabajadores de Kutxa representados por CCOO y Pixkanaka callaban y admitían y apoyaban con su voto todas y cada una de las decisiones que allí se estaban tomando. La política de hechos consumados funcionó a modo de rodillo. El presidente Iturbe podría respirar tranquilo y su sueldo anual de más de trescientos mil euros al año no corría peligro. Podrá seguir repartiendo prebendas a tanto estómago agradecido y garantizar la agenda privatizadora de PNV y PP.