La economista y feminista Julia Evelyn Martínez ha participado en Bilbo en las jornadas sobre «Crisis global y empresas transnacionales. Debates sobre el desarrollo para un cambio de modelo», organizado por el Obser- vatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), junto a Hegoa de la UPV-EHU y Paz con Dignidad, integrantes de de la «Plataforma 2015 y más».

Fue destituida por el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, del que dice que «es un candidato prestado» que «está al servicio de los grandes intereses, no del cambio y la transformación para lo que fue elegido por el FMLN y el pueblo».

¿Qué recuerda de su paso por un organismo gubernamental en defensa de la mujer?

Intento ser coherente con mi convicción en favor la lucha de las mujeres y de la igualdad de derechos de los hombres y mujeres. Estuve 18 meses en el Gobierno de Mauricio Funes donde se me convocó precisamente por mi defensa y trayectoria académica y social en favor de los derechos de las mujeres. Entré con muchas expectativas al Gobierno, creyendo que era un discurso del cambio, de transformación desde el movimiento de izquierda, como es el FMLN. Dieciocho meses después me di cuenta que una cosa es la oferta electoral y otra es la práctica política pública en materia de derechos de las mujeres. Una cosa es lo que se hice y otra, lo que se hace. En El Salvador se gobierna mucho bajo influencia de los poderes reales.

¿A cuáles se refiere?

Mi gran lección en la política es que quienes finalmente toman las decisiones no son ni siquiera los diputados o diputadas, o los ministros y ministras, que solo hay una en ese Gobierno, sino los que toman las decisiones están fuera del poder formal. Una combinación de sectores empresariales, de la derecha política, pero también un grupo de la jerarquía de la Iglesia católica. Estos poderes se oponen al avance de los derechos de las mujeres y en concreto, unos derechos que a las mujeres salvadoreñas nos es negado: los sexuales y reproductivos. En mi país, cualquier forma de interrupción del embarazo, incluyendo la violación, las razones médicas de salud de la madre o la malformación del feto, está penalizado con años de prisión. Una mujer puede penalizarse de 3 a 12 años de prisión por practicarse un aborto bajo cualquier circunstancia, y mujeres son condenadas a 30 años prisión por sospecha de haberse practicado el aborto en fetos de seis meses.

Es terrible.

Así es. La Comisión sobre la Tortura de Naciones Unidas ha determinado que esa es una práctica cruel y de tortura para las mujeres salvadoreñas y ha pedido al Gobierno que rectifique la legislación y las practicas judiciales, de salud.

¿El Gobierno de Funes ha cedido a esa presión de la ONU?

No. Esa es una de las causas de mi salida del Instituto de la Mujer. No renuncié, sino que me destituyeron, debido a que asumí esas recomendaciones del Comité Derechos Humanos y Contra la Tortura. Pedí un diálogo nacional y revisar las leyes y considerar al menos la despenalización de los casos del aborto en determinados supuestos, porque los médicos, incluso, denuncian a las mujeres. Ocurre que hay mujeres en el hospital que se les encadena a la cama y se les lleva a la cárcel en camilla. Se pidió un indulto para estas mujeres. Sin embargo, el sistema judicial no cedió a las presiones de los fundamentalistas religiosos y de la derecha política. El presidente de la República me restó autoridad al frente del Instituto y dijo que durante su mandato no habría cambios. Así que emprendí mi salida.

¿Es del partido FMLN?

Sí, pero es un candidato prestado. Era un presentador de TV con mucha popularidad y se le tomó como candidato para alcanzar el poder. No llegó solo, sino con un grupo de amigos, como así se llama el movimiento que le apoya «Amigos de Mauricio Funes». Ese grupo tomó el control del aparato gubernamental, de los ministerios y de la toma de decisiones. Hay empresarios importantes vinculados a intereses transnacionales que financiaron su campaña y articuló el grupo de poder. El partido FMLN se quedó con otras carteras menos relevantes.

A nivel laboral, ¿en qué situación están las mujeres?

La mujer está muy discriminada. Las leyes dicen una cosa, pero la práctica empresarial e institucional es otra. Los salarios de la mujer son entre un 25% y 35% inferiores a los hombres. Se crea empleo con la maquila, la confección de productos textiles para la exportación. Marcas de ropas transnacionales subcontratan el 90%. Son casi 90.000 mujeres en condiciones extremadamente precarias. Muchas veces ni reciben el salario mínimo, de 200 dólares ni pagan horas extras, no tienen derecho a recibir atención médica. Hay muchas violaciones de derechos laborales, pero el Gobierno, que lo sabe, no actúa por miedo a perder las inversiones y a perder el empleo. De alguna manera, se convierten en cómplices de la pérdida de derechos laborales, sociales y económicos de las mujeres.

¿Cómo valora las dos décadas de los Acuerdos de Paz?

Sería injusto no reconocer los avances. Los ha habido en materia de reconocimiento de derechos humanos, hay una Policía pública civil, no hay sectores militarizados. Hay avances importantes. Hay procesos de elecciones transparentes, algo que no ocurría en la década de los 80 Sin embargo, en materia de desarrollo humano, en materia de derechos humanos y reconocimiento de la mujer queda mucho que hacer. Se han perdido cinco años del FMLN, con el candidato prestado que no era de la izquierda. En cinco años se pudo avanzar, pero se ha retrocedido en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

¿Se apoya más a las transnacionales que a los derechos del pueblo y de las mujeres?

Tenemos la paz, pero aplicamos políticas neoliberales y muy machistas. Aunque se tenga un discurso no neoliberal y un discurso en la equidad de género, en la práctica las políticas públicas, que son lo que finalmente importa, no se actúa. El Salvador en este momento ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel mundial. Están incrementándose mucho las violaciones y otras formas formas de agresiones contra las mujeres. Ni las instituciones ni las políticas responden a esa problemáticas.

¿Se han superado las condiciones que dieron lugar al conflicto armado?

Se mantienen intactas. Las condiciones estructurales que dieron lugar al conflicto se situaban en el plano de la desigual- dad económica y social y de la brecha existente entre una minoría que controla la propiedad, la banca y el aparato productivo y la riqueza y una mayoría que queda marginada de toda riqueza. La concentración de riqueza en El Salvador nos dice que el 20% de las personas más ricas controlan el 54% de la riqueza nacional. Eso es desigualdad. Se están generando condiciones estructurales para el conflicto social, que se expresa en este fenómeno de las maras, jóvenes que no tienen ninguna oportunidad de salir adelante estudiando, con un empleo digno o ganándose la vida dignamente y se ven obligados a incorporarse a estos grupos delincuentes, ligados al narcotráfico y a las extorsiones Hay una juventud que se está perdiendo. El Estado responde con más represión, en lugar de dar más oportunidades reales. Puede dar lugar a mayor confrontación. Mientras los gobiernos y las élites no reconozcan el origen de esta violencia social y de esta crisis, estarán postergando que lleguen la paz y la democracia a este país.

Tan duro lo pone.

Esta semana se cumplen 21 años del asesinato de los jesuitas, la mayoría eran vascos. Trabajé cerca del padre Ellacuría. ¿Por qué les mataron? No fue la acción de un loco, sino una acción combinada de las elites políticas, empresariales, económicas que sabían lo que ocurriría. Estos jesuitas se dedicaban a concienciar desde la Universidad, para decir que no podía haber una paz duradera si no se modificaban las causas estructurales que generaban el conflicto. Se dio el proceso de pacificación. Lamentablemente en esos acuerdos de paz y de fin de la guerra no se tocó una cosa fundamental: los privilegios de la minoría que excluye a la mayoría. En la semana de conmemoración de ese martirio denunció la injusticia y se recordó que es necesaria una sociedad más justa para eliminar toda forma de violencia. Mientras no haya justicia no puede haber paz en El Salvador.

¿Ve cambios en relación a las elecciones de febrero de 2014?

Sí. El FMLN está reconociendo los errores de las legislaturas anteriores de llevar un candidato prestado que no respondía a una visión de izquierda, democrática y pluralista. Salvador Sánchez Cerén, es un comandante de la guerrilla de Chalatenango, y Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, un guerrillero, gente muy probada y pegada al pueblo. Son los que encabezan el cambio. Tendrán otra oportunidad, pero tendrán que contar con las mujeres y los movimientos sociales.