Un año ha pasado desde que dos integrantes de la hasta entonces desconocida Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) se quitaron la vida, según la versión oficial, y su cómplice, Beate Zschäpe, hizo volar por los aires la casa que habitaron. A pesar de los destrozos la Policía encontró abundante documentación y un amplío arsenal de armas de fuego que le ayudó a esclarecer una serie de asesinatos de nueve inmigrantes y de una policía mas varios atracos a bancos y atentados con explosivos, cometidos entre 1998 y 2011.

Las pruebas le han valido a la Fiscalía Federal para inculpar a Zschäpe y a otros cuatro supuestos colaboradores. Entre ellos se halla el miembro del neofascista Partido Nacionaldemocrático de Alemania (NPD), Ralf Wohlleben. Este último y Zschäpe son los únicos inculpados que se encuentran en prisión preventiva; los demás quedaron en libertad provisional ya hace meses.

En verano el juez instructor metió prisa a los fiscales federales porque si no presentaban pronto su acusación, tendría que dejar en libertad a la única superviviente de la NSU para no incurrir en un delito de prevaricación. Ni más ni menos que el fiscal federal Harald Runge firmó el acta de acusación, que ha encontrado su camino hasta los medios de comunicación. El juicio se celebrará en la capital bávara de Munich.

En la emblemática ciudad, donde el líder nazi Adolf Hitler fracasó con su golpe de Estado en 1923, opera una de las tres comisiones de investigación parlamentarias que deben esclarecer los atentados de la NSU y la reacción de las Policías y del servicio secreto interior. Se ha descubierto que esta agencia de espionaje político pagó unos 150.000 marcos (75.000 euros) a un tal Kai Dalek por su trabajo en la creación de la red informática Thule-Netz. Mediante este sistema los neonazis intercambiaban datos sobre estructuras antifascistas y planeaban acciones. Los diputados sospechan que Dalek podría haberse topado con la NSU en alguna ocasión pero no es el único confidente que ha operado en el ámbito del grupo violento.

En setiembre los parlamentarios de Berlín descubrieron que un tal Thomas S. había sido colaborador de la Policía regional desde el año 2000 hasta 2010. En 2002 avisó que la NSU quería proveerse de armas y dónde podría dar con el trío que en 1998 había pasado a la clandestinidad antes de que la Policía les pudiera detener. Se sospecha que recibieron un aviso. Antes Thomas S., que mantenía una relación sentimental con Zschäpe, les había conseguido un kilo del explosivo TNT. También en setiembre saltó la noticia de que la Policía de Turingia contactó dos veces a Wohlleben. No se sabe si para ficharle como colaborador. Wohlleben es acusado de haber facilitado a la NSU la pistola con la que cometieron los asesinatos.

Incógnitas y falta de documentos

Por eso extraña - o no - que el servicio secreto interior -tanto en su sede central en Colonia como en oficinas regionales- haya suscitado repetidas veces la ira de las comisiones de investigación parlamentarias destruyendo material relacionado con la NSU.

Varios directores, empezando por su jefe superior, tuvieron que dimitir por eso. La última ha sido la jefa de la oficina de Berlín, Claudia Schmid, la pasada semana. En junio, agentes suyos acabaron con actas relacionadas con la NSU y en 2010 se deshicieron de otro material relacionado con la organización neonazi Blood & Honour, sospechosa de haber prestado logística al trío.

En total la obstrucción y la negligencia por parte de los cuerpos policiales y de los servicios secretos es tan grande que cada vez es más difícil creer en su incompetencia a la hora de detener al grupo neonazi más sangriento de Alemania y más fácil pensar que pueda haber bastante más. Valga de ejemplo que se descubrió que el Servicio Militar de Contraespionaje (MAD) había interrogado a mediados de los año 90 a uno de los varones de la NSU porque el soldado era sospechoso de ser neonazi. Los agentes llegaron a la conclusión de que «no era políticamente motivado» y que «rechazaba la violencia física» contra peticionarios de asilo.

En aquella época hubo asaltos a casas de inmigrantes. Los de Rostock y Hoyerswerda tuvieron eco internacional. Veinte años después la situación es peor. En Hoyerswerda la Policía recomendó a una pareja de alemanes que abandonara la ciudad porque no podía protegerle de una docena de neonazis que les amenazaban. El caso, muy discutido en la prensa, confirma un estudio de la fundación socialdemócrata Friedrich-Ebert, según el cual en la Alemania oriental el apoyo a la ultraderecha ha aumentado del 6,6 al 15,8% desde 2006. Ahí es fuerte el NPD, que a su vez ha tenido la osadía de solicitar a la Corte Constitucional su «constitucionalidad».