Un proceso de desahucio abierto en su contra por una deuda de 4.200 euros y la amenaza de desalojo inminente fueron, al parecer, la causa de que Manuel Reguera, vecino de Doneztebe de 59 años, decidiera ayer quitarse la vida. La gota que colmó el vaso de su resistencia. Se trata de una tragedia relacionada con la situación económica y social que sufre este país y que está empujando a una parte cada vez más importante de la sociedad a situaciones desesperadas. Una nueva muerte que podía haberse evitado.

Los datos biográficos indican que el fallecido había pasado por circunstancias personales muy difíciles, pero también que había hecho un esfuerzo por superarlas y seguir adelante. Sin embargo, no pudo hacerlo. Seguramente, porque igual que a miles de personas, la imposibilidad de encontrar un empleo en condiciones y disponer de ingresos suficientes le impidieron hacer frente al gasto mensual que le permitía vivir bajo un techo. En este sentido, resulta indiferente que se tratara de un alquiler y no de una hipoteca; el resultado es que desde ayer mismo tanto él como su compañera podían verse en la calle en cualquier momento. Lo mismo le sucede cada día, solo en Nafarroa, a dos familias. Un goteo que en muchos casos pasa desapercibido pero que puede acabar ahogando a cualquiera.

Es inaceptable que una deuda de 4.200 euros pueda truncar definitivamente las esperanzas de una persona. Incomprensible que mientras en Nafarroa hay cincuenta mil viviendas vacías siga habiendo gente que es expulsada a la calle. No caben paños calientes, esta muerte no es solo una tragedia, es también un fracaso colectivo y la constatación de que las instituciones no están abordando este tema con la determinación y celeridad que sería necesaria. Contar con un parque público de vivienda en alquiler debería ser el primer paso para que nadie más se vea despojado de lo que, no hay que olvidarlo, es un derecho de todos los ciudadanos.