Xabier Ugartemendia, responsable de la Federación de Servicios Privados de LAB, y Dabid Rasines, responsable del sector de Transporte, rechazaron la pretensión del Gobierno español de privatizar el transporte público y exigieron que la gestión pase a manos de las instituciones públicas de Euskal Herria.

«Las intenciones del Gobierno Rajoy están generando una preocupación creciente y, ante esa situación, tenemos que reivindicar que los gobiernos de Gasteiz e Iruñea se hagan cargo de la gestión de esta parte del sector público, que depende de Madrid», dijo Ugartemendia. Porque en Hego Euskal Herria, unos 8.000 trabajadores desarrollan su labor en empresas pública o en concesiones públicas de servicios de transporte colectivo. «Más o menos la mitad lo hace en empresas de ferrocarril, aeropuertos y puertos de interés general como Renfe, Feve, Adif. Aena, Autoridad Portuaria o la sociedad de estiba de los puertos de Pasaia y Santurtzi», añadió Rasines.

LAB trasladó la «preocupación» porque los procesos de privatización «siempre llevan aparejada la destrucción de empleo y la pérdida de calidad en el servicio». Por este motivo los representantes de la central manifestaron su «oposición frontal» a la privatización. Adif y Renfe ya liberalizaron el servicio de pasajeros y en enero de 2013 entra en la recta final el proceso de privatización de Feve, con la conversión en cuatro nuevas empresas en julio de 2013. Aena también sigue esos pasos. «Si bien el que va a privatizar los servicios públicos de transporte es la Administración española, entendemos -dijo Rasines- que los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea también tiene responsabilidad en el desenlace final de este grave problema y deben posicionarse».

Ente público vasco de gestión

LAB mantendrá contactos este próximo lunes con EH Bildu y con el PNV para que fijen un compromiso «en contra de las privatizaciones y en defensa de los servicios públicos de transporte en Euskal Herria». También solicitarán «la defensa de los puestos de trabajo» y, sobre todo, la creación de un ente público de gestión integral del transporte con capacidad de decisión.

Además de interpelar a los partidos políticos, LAB trasladará a los trabajadores y a la opinión pública estas preocupaciones y emplazará a los comités de estas empresas para acordar un acuerdo de mínimos sobre el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales.