El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, acompañado por el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, presentó ayer un paquete de 111 medidas «para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras medidas tributarias para 2013».

Añadió que existe «un compromiso firme y real contra el fraude fiscal», aunque a pesar de esta declaración las actuaciones presentadas tienen que ver solo con una parte de la elusión fiscal, es decir que la Diputación de Bizkaia reglamentará y ordenará mejor la normativa tributaria para intentar evitar que los sujetos tributarios utilicen algunos resquicios legales para pagar menos. Esto supone que no hay medidas directas para terminar con el gran fraude fiscal.

Distintas fuentes sostienen que el fraude fiscal en la CAV se sitúa en el 20,3% del PIB, sin embargo José Luis Bilbao afirmó desconocer esos datos. «No me oirá decir nunca nada sobre la estimación del fraude -afirmó-. Si supiéramos cuánto es y dónde está, dejaría de existir», apuntó. Sin embargo, año tras año las cifras sobre los ingresos de las Haciendas forales confirman que las rentas de trabajo tributan entre 7.000 y 8.200 euros por encima de las rentas empresariales y de actividades profesionales.

Entre las medidas presentadas ayer destaca la ampliación de responsabilidad para garantizar el cobro de deudas tributarias. Era utilizado, confirmó el diputado, por administradores concursales, sobre todo para repercutir grandes salarios. En este sentido, se duplican las sanciones a los defraudadores; se ponen límites a los gastos de representación y de vehículos de las sociedades, y se establece unos topes para el régimen de módulos para evitar impagos.

Por otra parte, la Diputación de Bizkaia adaptará el IRPF a la reforma laboral para que queden exentos las cantidades por despidos y expedientes de regulación; y en casos en los que haya dación de pago por desahucios habrá exenciones de impuestos de ganancias patrimoniales y de transmisiones.

«No hay voluntad»

Irune Soto Aldalur, juntera de Bildu, aseguró que esas medidas «son un intento de lavado de imagen, más que una iniciativa política dirigida a combatir el fraude». Aseguró que han exigido «de forma permanente medidas directas, pero siempre nos han dicho que son innecesarias por considerar que el sistema funcionaba». En esta línea, afirmó que Bilbao «trata de esconder la injusticia social».