Un hombre de 59 años se suicidó ayer en Doneztebe. Su muerte coincide con la orden judicial para que abandonara el piso en el que vivía de alquiler. Manuel Reguera adeudaba 4.200 euros al propietario de la vivienda, cifra que se había acumulado a raíz de impagos de varias mensualidades. Al parecer, el dueño de la vivienda acudió a los tribunales para que desalojaran el piso. El juzgado decretó que el plazo para el desahucio se acababa ayer y Reguera decidió acabar con su vida.

El anuncio de este suceso fue realizado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, durante el acto protocolario de investidura del nuevo fiscal jefe del herrialde. Fernández trasladó sus «condolencias más sentidas» a la familia y luego aseguró que esta muerte no es imputable a la administración de justicia.

Vecinos de la localidad afirman que resulta delicado establecer una causa efecto entre el suicidio y el desahucio, a pesar de que sea obvio que la muerte haya coincidido con la fecha fijada para el abandono de su casa y todo apunta a que sea un detonante. Según explicaron, pudieron influir otras circunstancias personales, como el hecho de que Reguera se había quedado viudo hace años y, después, perdió a su hijo de forma dramática en 2004.

La pequeña cuantía de la deuda distingue el caso de Doneztebe de otros suicidios como el de Amaia Egaña en Barakaldo. No obstante, el drama de los desahucios es tan solo una faceta de la crisis económica que afecta con especial crudeza a los más desfavorecidos. A este respecto, cabe señalar que Reguera estaba desempleado e intentaba rehacer su vida con una nueva pareja. La incapacidad de hallar un trabajo estable así como las malas esperanzas económicas a futuro pudieron pesar en el desgraciado desenlace de ayer.

De otra parte, parece que el presidente del TSJN se apresuró ayer en realizar el anuncio, ya que, posteriormente, fuentes policiales aseguraron que no estaban capacitados aún para vincular el deceso al desalojo de la vivienda y que se están investigando los detalles.

En busca de una solución

El alcalde de Doneztebe, Migueltxo San Miguel, casó a Reguera con su nueva pareja por lo civil hace dos años. San Miguel confirmó a este periódico que el fallecido es vecino de la localidad de toda la vida, hijo de inmigrantes andaluces que residen en el pueblo. También viven en la localidad hermanos y familiares cercanos. En ocasiones, debido a su inactividad, Reguera echaba una mano a su familia con un pequeño negocio.

Hasta ahora, el movimiento en contra de los desahucios en Nafarroa se había orientado hacia las personas a las que un banco expulsaba de su vivienda por su incapacidad de afrontar un crédito. El centro de esta lucha es la consecución de la dación en pago, así como la renegociación de las condiciones del crédito y la garantía de que las personas que no puedan afrontar una hipoteca puedan continuar en sus casas hasta que su situación económica mejore.

Guillermo Perilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), confirmó ayer que no tenían conocimiento de este proceso de desahucio. «No es estrictamente un asunto hipotecario, pero está íntimamente ligado con lo que nosotros defendemos», explicó. A su juicio, el problema de las personas que son expulsadas de sus viviendas es hijo «de la burbuja inmobiliaria». En este punto, la PAH apuesta por una solución integral que aborde de frente la delicada situación. «Nosotros demandamos un parque de vivienda en alquiler asequible para todos. El alquiler social, en el que la gente pague según sus posibilidades, es la única vía de garantizar el derecho a la vivienda», señaló Perilla.

Reacciones de los partidos

La muerte de Reguera también tuvo su repercusión en el plano político. El problema de los desahucios estaba vigente en la Cámara ya que Bildu había presentado una enmienda exigiendo la paralización de los desahucios así como que las instituciones públicas navarras dejen de trabajar con los bancos que no paren inmediatamente con los desalojos de personas sin recursos. En uno de los puntos de este texto, instaba a la creación, a través de la empresa pública Nasuvinsa, de un parque de vivienda pública para iniciar el alquiler social

Por su parte, Aralar emitió un comunicado en el que se solidarizaba con la familia del fallecido y solicita al Gobierno navarro «que tome las medidas necesarias para crear un parque de vivienda de alquiler social suficiente para hacer frente a la demanda actual y futura».

Además, los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN, CNT y Herri Ekimena rubricaron un comunicado conjunto lamentando el fallecimiento y reivindicando el derecho a la vivienda. «Las instituciones deben elaborar políticas que acaben con el monopolio de la banca; políticas donde el dinero público se destine a garantizar los derechos».