En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se referió así al anuncio hecho esta semana por el Ejecutivo de Lakua de abonar la paga de Navidad a sus funcionarios.

Ante esta decisión, que contradice el decreto del Ejecutivo español, la vicepresidenta anunció que han decidido plantear el correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y «requerir al Consejo de Estado para que informe sobre el mismo en el plazo de tres días». Añadió que una vez el Consejo de Estado informe, el Ejecutivo formalizará el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta recalcó que éste será el procedimiento que se siga contra «todas aquellas comunidades que incumplan la legislación del Estado». En este sentido, explicó que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está estudiando «caso por caso» y analizando también las «fórmulas» de adelanto de pagas de 2013 para saber si se respeta o no «lo establecido en la legislación básica del Estado».

Gasteiz habla de «chantaje»

Por su parte, el Gobierno de Gasteiz, antes de que tuviera lugar la rueda de prensa de la vicepresidenta, calificó de «abuso» la medida y afirmó que «suenan a chantaje las amenazas del Ejecutivo central a los funcionarios vascos por la decisión de abonar la paga extra».

Lakua respondía así en un comunicado al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien el jueves advirtió que pagar la extra «es ilegal» por lo que esta decisión «será recurrida ante el Tribunal Constitucional». Además, advirtió de que el funcionario que decida abonarla «será sujeto a juicio del Gobierno» y «se le exigirá una responsabilidad» según recoge el Código Penal, «que lleva aparejada una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años».

Para el Ejecutivo de Gasteiz, la «intimidación de funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político» es «incalificable».