Los siete trabajadores de la planta de Transportes Ochoa en Hernani viven con la incertidumbre de que, «cualquier día, a partir de la próxima», les puede llegar la carta de despido.

Los empleados denuncian que desconocen la situación real de la empresa porque, por un lado, les ha llegado la oferta de indemnización de 23 días por año trabajado, mientras que, por otro, «a los comerciales se les sigue presionando a la búsqueda de nuevos clientes». Por este motivo, sospechan que la empresa está organizando una nueva dirección de negocio o bien tienen previsto desviar la producción a las delegaciones de Bilbo o Gasteiz.

La empresa presentó concurso de acreedores a finales de junio, una decisión que dejaba en la calle a 1.500 trabajadores. Sin embargo, en octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, encargado de tramitar el concurso, dictó un auto por el cual concede a los administradores concursales una prórroga de cuatro meses, adicionales a los dos meses que establece la ley, para emitir el informe obre la situación económica real de la empresa. Para solicitar la prórroga, los administradores concursales se refirieron a la dispersión geográfica de los inmuebles y bienes propiedad de Ochoa por todo el Estado español, así como la existencia de más de 2.000 acreedores, lo que ha retrasado la revisión y análisis de la documentación.

Miedo a la dirección

En cuanto a la situación en los pabellones de Hernani, los trabajadores reconocen el temor reinante. «Nadie se atreve a plantear movilizaciones por miedo a que la dirección tome represalias, bien reduciendo los días de indemnización o bien declararando despidos improcedentes», afirman.

Los siete empleados, todos con más de diez años de antigüedad y alguno con la treintena, confiesan que «el ambiente es malo, todo son rumores». Denuncian que «nadie» les informa «de nada» y que el comité de empresa, en el que es mayoría CCOO, «nos tiene olvidados». Asimismo, recuerdan la situación de los autónomos a los que «han dejado tirados, después de haberles invitado a comprarse un camión, con la promesa de garantizarles la carga de trabajo. A ellos les deben miles de euros», lamentan.