El plazo para optar a la amnistía fiscal acabó ayer y las últimas noticias aseguran que, aunque las ventanillas de la Hacienda española han incrementado su trabajo al acercarse el plazo límite, no han llegado a colapsarse con avalanchas de defraudadores dispuestos a confesar su delito. Apenas se han recogido 50 millones de los 2.500 que anunciaron se iban a recaudar allá por el mes de junio. Ni siquiera con privilegios de alto standing, ni amnistías de guante blanco, los ladrones, (en su mayoría importantes grupos empresariales, empresas transnacionales y grandes fortunas personales) devuelven lo que se han quedado. El dinero y el poder que éste proporciona siguen, como la llave de la habitación de Cenicienta, bien guardados en el bolsillo de todas las madrastras que en el mundo han sido.

La gente de la calle, entre la que me encuentro, escuchamos con desapego lo que se habla e intentamos imaginar los problemas sociales que se podrían solucionar con esa ingente cantidad de dinero (sólo en la CAV 13.560 millones al año). Y en ese ejercicio estamos, con la mente volando más que soñando, cuando el Gobierno español anuncia que las pensiones se revalorizarán sólo un 1% y las inferiores a 1.000 euros un 2%. Hago cuentas. Con una pensión mínima, 587 euros, la revalorización supone 11 euros al mes. Toda una fortuna que sabe a humillación y se escapa entre los números de la inflación sin dejar rastro, como si no hubiera existido. «No hay otra opción para cumplir los objetivos de déficit», cuenta Rajoy y asiente Bruselas. Hay algo que se rompe y no se dice en esta cadena de noticias que suenan ordenadas y revientan como una granada de guerra en las vidas de todos los días.