La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo no va a compensar a los pensionistas por la desviación del IPC, fijada en el 2,9%, lo que acarreará una pérdida de poder adquisitivo a las personas afectadas. Con esta decisión, el PP no solo incumple por enésima vez aquello que prometió en campaña electoral, sino que acentúa su castigo a quienes más están sufriendo el embate de la crisis, mientras, al mismo tiempo, insiste en beneficiar a los sectores más poderosos. Precisamente, el día en que se anunciaba este nuevo recorte concluía el plazo para acogerse a la amnistía fiscal decretada por el Gabinete de Mariano Rajoy.

El PP ha dado sobradas muestras, en el año escaso que lleva al frente del Ejecutivo, que las órdenes de Bruselas y Berlín pesan en su acción de gobierno mucho más que aquello que puso por escrito en su programa electoral. Y aunque tampoco pueda decirse que este constituya un hecho sorprendente, porque incumplir las promesas hechas en campaña es ya consustancial a la mayoría de los partidos políticos, lo que no resulta de recibo es argumentar, como hizo la titular de Empleo, Fátima Báñez, que es imposible asumir los 3.800 millones de euros que costaría acomodar las pensiones a la tasa de inflación, cuando esa cantidad es apenas un 10% de la ayuda que, vía Europa, va a recibir la banca española quebrada. Báñez, asimismo, podía haberse ahorrado el decir que les ha resultado muy difícil tomar esa decisión, cuando no es sino una más en una larga lista de medidas antisociales.

El Gobierno español ha dado un nuevo paso en su senda de recortes y reformas lesivas para los derechos y el bienestar de la ciudadanía, de modo que esta deberá dar un paso más en su respuesta a los ataques. El PP se halla instalado en una cómoda mayoría absoluta, y solo una presión popular organizada y contundente podrá poner freno a una escalada neoliberal que va camino de arrasar lo conquistado en décadas de lucha.