Familiares de desaparecidos y fusilados durante la guerra del 36 y represaliados por el franquismo presentaron en el Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires, a cuyo cargo está María Servini de Cubría, 5.000 adhesiones para que continúe con la causa iniciada en 2010. En un exhorto fechado en diciembre de 2011, la magistrada pidió al Estado español que identificara a los ministros y responsables franquistas, entre el 17 de junio de 1936 y y el 15 de junio de 1975. También incluía a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española.

A la querella se fueron sumando represaliados y asociaciones, entre ellas Goldatu -que forma también parte de la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo- de Euskal Herria. Estaba previsto que la juez viajara en setiembre al Estado español, visitando también Bilbo, pero desacuerdos de última hora pospusieron su viaje sine die.

«La competencia argentina es procedente porque nos basamos en los principios de justicia universal. Fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba `paseos' a los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cuerpos eran dejados al costado de los caminos», declaró a un medio local el abogado argentino Máximo Castex.