El presidente islandés tiene una labor testimonial y normalmente su trabajo se reduce a ratificar las decisiones adoptadas por el Gobierno. ¿Cómo se llegó a que el presidente se negara a ratificar el pago de la deuda de la banca privada a Gran Bretaña y Países Bajos? ¿Fue ese el detonante de la revuelta islandesa?

Realmente no, ese fue uno de de los muchos factores que contribuyeron a que se diera la situación que se dio. Las manifestaciones masivas y el hecho de que el anterior Gobierno fuera derrocado por la presión popular impulsó al presidente a tomar esa decisión. El nuevo Ejecutivo heredó el problema de la deuda de los bancos privados, una deuda que el Gobierno había acordado pagar y a la población le indignó que el Ejecutivo asumiera como propias las obligaciones de un banco privado. El clamor popular demandaba un referéndum y eso es lo que impulsó al presidente a no firmar, lo que provocó la convocatoria de una consulta popular. La petición de un referéndum había recabado 80.000 firmas.

Es sorprendente lo que la presión popular logró en Islandia. En Europa la respuesta habitual a este tipo de demandas y presiones es que los miembros del Parlamento son los representantes legítimos de la ciudadanía...

Tienes que tener en cuenta que los islandeses acababan de expulsar literalmente al anterior Gobierno, por lo tanto, la posición de los políticos no era muy segura. Temían que si no atendían a razones ellos seguirían el mismo camino que sus predecesores. En Islandia se dio una revolución que derrocó al Gobierno y nuevos miembros del Parlamento tenían eso muy fresco en la memoria.

Tendemos a asociar ese tipo de lucha en la calle y el derribo de gobiernos con países ajenos a Europa. En Europa puedes congregar a uno o dos millones de personas en una manifestación contra el Gobierno y al día siguiente Ejecutivo y Parlamento vuelven a su trabajo como si nada hubiera pasado.

En Islandia eso no era posible. El Parlamento islandés estaba a diario rodeado por miles de ciudadanos iracundos que golpeaban cazuelas y sartenes. Allí estaban juntos el joven anarquis- ta y su abuela, protestando en la calle. No había amenazas ni violencia, los políticos, simplemente, habían perdido toda credibilidad.

¿Existe en Islandia una tradición de protesta popular en la calle?

No, no existe esa tradición, fue algo único, y eso añadía seriedad a lo que estaba ocurriendo. La sociedad islandesa es muy tolerante, pero la situación se había vuelto insostenible y el Gobierno no tuvo más remedio que marcharse y convocar nuevas elecciones.

Una de las consecuencias de la revolución islandesa fue la constitución de una comisión parlamentaria encargada de investigar las razones de la crisis financiera. En el documento que elaboraron aparecen términos como «avaricia», «incompetencia», «nepotismo», «adicción al riesgo»... palabras mayores que normalmente son sustituidas por eufemismos. ¿Tuvo efectos?

El primer ministro fue juzgado y condenado por su participación en el desastre financiero, si bien no tendrá que ingresar en prisión. Otra de las demandas de nuestra minirrevolución fue el establecimiento de una «comisión de la verdad» para saber qué es lo que realmente había pasado. Y tras las elecciones, esa fue una de las primeras decisiones adoptadas por el nuevo Ejecutivo.

Los políticos tenían su parte de culpa, pero la responsabilidad final de la situación creada era de los bancos privados. ¿Les ha pasado factura?

Es cierto, los principales culpables eran los banqueros, los nuevos ricos del «capitalismo vikingo», y esa fue la razón por la que la gente se negó a pagar sus deudas. Pero esa gente no da explicaciones a la población. A los únicos a los que el pueblo les puede pedir responsabilidades es a los políticos, porque es su responsabilidad establecer unas buenas condiciones económicas, y fueron ellos los que permitieron que se dieran las condiciones para se produjera el colapso financiero. La responsabilidad hacia la gente la tienen los políticos y, por esa razón, el enfado se dirige contra ellos. Y, además, los banqueros hacia mucho que habían abandonado el país.

Una de las reivindicaciones que surgieron de las protestas que provocaron la caída del Gobierno era que Islandia revisara su Constitución. ¿Cómo se consideró necesario ese cambio?

Esa era una de las demandas de la protesta que la sociedad fue asumiendo gradualmente como necesaria. Se necesitaba una mayor separación de poderes. En las elecciones parlamentarias tras las protestas casi todos los partidos incluyeron en sus programas la reforma constitucional. No fue algo que los partidos decidieran hacer por voluntad propia, sino que la presión popular les obligó a ello si querían lograr votos. Así pues, para el nuevo Gobierno el iniciar el proceso era una de sus principales tareas.

¿Cómo se desarrolló el proceso?

Primero se creó el Foro Nacional, en el que mil personas seleccionadas aleatoriamente se reunieron durante un día entero para establecer las bases de la nueva Constitución. Después, el Parlamento formó un comité de siete expertos con el fin de analizar las conclusiones del Foro Nacional y preparar el terreno para el trabajo del Consejo Constitucional. Este órgano estaba integrado por 25 ciudadanos elegidos por votación popular de entre 522 candidatos, quienes basándose en el trabajo realizado por los dos grupos anteriores redactaron el borrador de una nueva Constitución, que fue sometido a un referéndum consultivo y fue ratificado por dos tercios de los votantes. En este momento, la nueva Carta Magna espera en el Parlamento su ratificación. Pero ahora queda por ver qué hace el Parlamento, si la ratifica tal y como está, la modifica o trata de prolongar el proceso.

¿Cómo se evitó que los partidos políticos influyeran en la elección el Consejo Constitucional y este se convirtiera en otra cámara que representara a los mismos grupos?

Eso no se dio en Islandia, los partidos entendieron que si se percibía que estaban intentando hacer algo así el efecto sería el opuesto. Los partidos se mantuvieron al margen y la mayoría de los elegidos fueron gente sin afiliación política; algunos la tenían, pero no eran políticos obligados a seguir la línea del partido. Fueron los mismos votantes los que decidieron que no iban a votar a aquellos que se presentaban como representantes de partidos políticos, hubiera sido totalmente contrario al espíritu del proceso.

Quiénes tenían cierto nivel económico y posibilidad de hacer publicidad de su candidatura partían con ventaja. ¿Cómo fue la campaña?

Eso era un problema cuando teníamos 522 candidatos. La gente que no era conocida con anterioridad lo tenía más difícil y, como consecuencia de ello, muchos de los elegidos eran ciudadanos ya conocidos públicamente, activistas o especialistas en determinados temas. Yo, por ejemplo, soy profesor de Ciencias Políticas. Pero había una gran diversidad: había teóricos, sindicalistas, artistas, activistas por los derechos de las personas con discapacidades, directores de empresa, activistas radicales de izquierda, locutores de radio de extrema derecha... había gente de todo tipo. El proceso de elección estuvo muy politizado desde el principio, los elementos más conservadores lo percibieron casi como un ataque contra su derechos, los medios de comunicación fueron bastante críticos al principio y todos los juristas especializados en Derecho Constitucional estaban irritados por no haber sido elegidos, ya que se veían como las personas adecuadas para encontrar una solución en reuniones en petit comité en sus clubes exclusivos.

¿Quién estableció los límites del trabajo a realizar?

Nosotros mismos. El Parlamento nos entregó una lista de temas en los que quería que centráramos nuestra atención y al final del documento decía que teníamos la posibilidad de tratar otros. Nosotros cogimos la última frase e ignoramos el resto del documento.

¿Fue un trabajo realizado solo por los 25 elegidos?

De ninguna manera. Probablemente esta sea la primera Constitución del mundo en la que cualquier miembro de la población tenía la posibilidad de dar su opinión en el proceso de redacción. Al principio del proceso nos sugirieron que nos aislásemos durante las deliberaciones evitando cualquier influencia e hicimos todo lo contrario. Abrimos el proceso a todo el mundo por todos los medios a nuestro alcance, medios de comunicación, email, redes sociales...

¿Cómo pudieron asimilar todas las aportaciones?

Islandia tiene una población de 330.000 habitantes, relativamente pequeña, lo que lo hace mas fácil. Fueron 3.600 personas las que participaron. No pudimos revisar detalladamente todas las aportaciones, algunas eran más relevantes, y la efectividad a la hora de influir en el debate dependía de cómo estaba construida la contribución.

¿El hecho de que las deliberaciones fueran tan abiertas, tuvo alguna influencia en cómo fue recibido el documento cuando se presentó?

Fue muy importante, esos 3.600 individuos que mandaron su contribución tenían un efecto multiplicador, ya que su interés se trasmitía a sus familias, colegas, amigos... tienen un interés tal que les hace ver el documento como suyo, lo que les convertía en embajadores durante del proceso de elaboración. Hablando sobre ello, logrando apoyos... la sensación de ser parte del proceso fue tremendamente importante.

El que no esté claro si los políticos harán algo con ese borrador deber ser muy frustrante.

Por supuesto, pero los políticos a menudo responden a la presión popular, y la presión es tal que, en mi opinión, lo ratificarán de una forma u otra. La cuestión es si lo modificarán de forma significativa o no. Pero no pueden simplemente ignorarlo, porque la gravedad de la situación y la presión que se esta ejerciendo es muy grande. Y si optan por ignorarlo pagarán por ello en las próximas elecciones, y ellos lo saben.

¿No intentarán simplemente hacer unas moficiaciones meramente estéticas y presentarlas como el gran cambio para que en realidad no cambie nada?

Muchos lo intentarán, pero no creo que lo consigan, aunque eso es algo de lo que no puedo estar seguro.

¿Cuál es a grandes rasgos la naturaleza del cambio que propone la nueva Constitución?

Nosotros teníamos una complicada Constitución elaborada en el siglo XIX que hemos transformado en una Constitución moderna, con una sección de gran calidad en el tema de derechos humanos, artículos en los que se establece la propiedad pública de los recursos naturales, una división clara entre los poderes del Estado, con mejores controles de actuación y también mayores elementos de democracia participativa, como la convocatoria de referéndumes.

¿Ha surgido alguna fuerza política de las protestas o se presentan los mismos partidos con un otro envoltorio para adaptarse a las nuevas condiciones?

Principalmente son los mismos partidos reconvertidos pero también surgió otro nuevo, Movimiento Ciudadano, que era el resultado del movimiento social y logró entrar en el Parlamento. Han sido los que han proporcionado el mayor apoyo al proceso de cambio, pero ahora corren el riesgo de convertirse en un partido más.

Esa no es una perspectiva muy optimista.

Esa es la naturaleza del juego, pero esperemos que de todo este proceso por lo menos salgan cambios institucionales significativos.