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Sémper asume que las víctimas del Estado deben ser reparadas

En un intento de dar un barniz de normalidad al hecho de que el Gobierno de Lakua haya organizado un encuentro con familiares de ocho víctimas de «la violencia de motivación política», el parlamentario y presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, asumió que cualquier persona que haya sufrido «un abuso» por parte del Estado «debe ser indemnizada».

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Uno de los últimos actos del Gabinete de Patxi López, ya en funciones, será el que presidirá hoy la consejera de Justicia, Interior y Administraciones, Idoia Mendia, quien recibirá a familiares de las ocho personas reconocidas como «víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos» en el contexto de «la violencia de motivación política» vivida entre 1960 y 1978.

Esas personas son Angel Otaegi y Jon Paredes Manot, Txiki, -fusilados en 1975-, Antonio Fernández Elorriaga (1969), Francisco Javier Núñez Fernández (1977), Antxone Telleria Mendia (1977), Segundo Urteaga Pérez de Unzueta (1969), Francisco Javier Batarrita (1961) y Alberto Soliño Mazachs (1976).

Tal como adelantó Europa Press, en el acto que se celebrará a las 17.30 en la sede del Gobierno, Mendia entregará a los familiares el dictamen de la comisión de valoración que dio el visto bueno a sus casos, así como de la orden del Ejecutivo de Lakua por la que se les reconoce y se establece la indemnización correspondiente.

Al hilo de este evento, el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, indicó ayer que «cualquier persona que haya sufrido un abuso y un trato injustificado por parte del Estado debe de ser indemnizada». En declaraciones a la Cadena Ser, comentó que esto «ya ha sucedido en el pasado sin que haya habido tanta publicidad, ni haya habido gobiernos que hayan montado actos en torno a ello». «Eso es lo que marca la ley y cualquier Estado de Derecho debe hacer», añadió.

«Plan de Convivencia»

Otra de las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno del PSE en la legislatura pasada tendrá hoy su conclusión: el Consejo de Participación del Plan de Convivencia celebrará su último plenario y enviará al Parlamento, de forma definitiva, el «Pacto por la Convivencia» en el que ha trabajado a lo largo de los últimos meses.

El comisionado del lehendakari para la Convivencia y la Memoria, Jesús Loza, espera que ese documento «pueda ser útil» para la ponencia parlamentaria encargada del tema y se muestra convencido de que se impulsará su trabajo en la legislatura que ahora echa a andar, según señaló a Europa Press.

En este sentido, Loza, que es militante del PSE y lleva siete meses en el cargo, rechazó que esa ponencia se tenga que sustituir por una comisión de la verdad como la que propone EH Bildu. «Lo fundamental no es que haya una comisión de la verdad, sino que ellos reconozcan la verdad, que es lo que no quieren hacer, y que reconozcan su responsabilidad en todo lo que ha pasado, que es lo que también parece que les cuesta hacer». Al mismo tiempo, manifestó que la pretensión es «integrar a la izquierda abertzale en todo el recorrido» que otras formaciones han realizado juntas «desde hace mucho tiempo».

Por otro lado, el delegado de Pastoral Social de la Diócesis de Bizkaia, José María Delclaux Echevarria, considera que los afectados por la lucha armada de ETA «no deben hacer política con su victimismo», ya que, en su opinión, «se hacen un flaco favor» y no ayudan a la convivencia. Delclaux hace esa reflexión en una entrevista publicada en la revista «Bake Hitzak. Palabras de Paz», editada por el colectivo Gesto por la Paz.

COMISIONADO

El comisionado para la Convivencia, Jesús Loza, rechaza la propuesta para constituir una Comisión de la Verdad.

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