La ejecución forzosa de hipotecas no está regulada a escala europea y, por tanto, cada país aplica modelos diferentes cuando las familias no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.

En Italia, el sistema jurídico es el mismo que en el Estado español, pero un decreto-ley de 2008 suspendió los desahucios a las familias que tuvieran unos ingresos iguales o inferiores a 27.000 euros al año. No obstante, los italianos no se han hipotecado tanto como en el Estado español porque en Italia no se ha registrado el mismo «boom inmobiliario» y porque los bancos no han concedido los créditos con tanta facilidad como los españoles, refieren los expertos.

Las expulsiones de la vivienda por orden judicial en el Estado francés se dan muy raramente y antes de llegar a esos términos hay una serie de mecanismos alternativos para intentar encontrar soluciones.

Laurent Lahoté, jurista de la Agencia de Información sobre la Vivienda (ADIL) de Baiona, explica que una de los primeras alternativas es la de acudir a la Comisión de Sobreendeudamiento dependiente del Banco de Francia, en la que se estudia un nuevo plan de pago de la deuda, consistente normalmente en reducir la cuota mensual y prolongar los plazos. Las entidades que no estén de acuerdo pueden ser obligadas a aceptar el plan por el Banco de Francia

También existe otro dispositivo, bastante reciente, denominado de «restablecimiento personal», dirigido a personas que no disponen de resquicios para afrontar el pago y cuyo pasivo es mayor que su activo. En ese caso, se venden sus bienes y se condona la deuda restante.

Solo si no se encuentra solución por estas vías, el acreedor puede acudir a los tribunales. Los bancos suelen quedarse con el piso pero es habitual que acepten, provisionalmente, que el propietario se quede como inquilino. Si el valor del piso fuese inferior al de la deuda, el expropietario seguiría siendo deudor de la diferencia, aunque estos casos son muy excepcionales debido, entre otros aspectos, a que en el Estado francés la caída de precios no ha sido, por el momento, tan acusada, según afirma el jurista Laurent Lahoté.

Grecia y Portugal

Hasta 2009, la legislación griega sobre desahucios era similar a la española, sin que existiera la posibilidad de la dación en pago. Sin embargo, el Gobierno de Yorgos Papandreu aprobó una moratoria, vigente hasta 2013, que impide a los bancos expulsar por impago de la hipoteca a los inquilinos de una casa si es su primera residencia y es menor de 200 metros cuadrados.

La dación en pago tampoco está contemplada en Portugal, pero el Gobierno ha anunciado este año medidas para facilitar a los propietarios renegociar su deuda y habitar el inmueble mediante el pago de una renta.

En Alemania, cuando una persona no puede seguir cumpliendo con las cuotas, el banco procede a cancelar el crédito y a exigir de forma inmediata la devolución total del mismo. El embargo puede evitarse si el deudor se compromete a pagar la deuda en seis meses.

En Gran Bretaña, el proceso para desalojar a una persona de su vivienda puede ser largo y plagado de recursos judiciales por ambas partes. Si, al final, la venta de la vivienda no cubre la deuda, la entidad pasará la diferencia al que debe la hipoteca, aunque este siempre puede declararse en bancarrota. En Irlanda, los impagos se abordan a través del Proceso de Resolución de Deuda Hipotecaria, que en muchas ocasiones resulta en la reestructuración de la deuda o en la dación de la vivienda para evitar un largo proceso judicial.

En Holanda, son habituales las medidas de «transición de pago» y, en los casos extremos, es el propietario quien pone la casa en venta, tras lo que se considera zanjada la deuda.