Lurdes Imaz, coordinadora de EHIGE, y Koldo Nabaskues, presidente de EKA-OCUV, fueron ayer los encargados de dar voz a las 56 organizaciones y más de 500 personas que han suscrito un documento en el que se emplaza al Gobierno de Gasteiz a modificar el decreto de comedores escolares de marzo de 2000 que orienta la gestión de ese servicio público hacia las grandes empresas de catering. Así, siete firmas de restauración colectiva contratadas por el Ejecutivo se ocupan de elaborar y servir 90.000 comidas diarias a casi medio millar de centros docentes en la CAV.

Asociaciones de madres y padres, de consumidores, sindicatos, colectivos de productores del sector primario, ONG y ayuntamientos plantean una normativa «no excluyente», de modo que se deje de «imponer» por parte del Departamento de Educación un modelo único «basado en el beneficio empresarial». Según el último estudio elaborado por organizaciones que reivindican la soberanía alimentaria, de los 118 millones de euros que Lakua destina anualmente a los comedores escolares, 90 millones van a parar a esas siete empresas de restauración colectiva.

Ante ese panorama normativo que llevan soportando durante doce años, estiman que ha llegado el momento de protestar y denunciar la situación. Además, anunciaron que, en esta legislatura que acaba de comenzar, presentarán en el Parlamento de Gasteiz un proyecto no de ley para modificar el actual decreto, de modo que se pueda abrir así la puerta a quien lo solicite a una gestión directa y local, «primando ser un modelo responsable, sostenible y comprometido. Lo que está en juego es la salud y la supervivencia de la economía local», subrayó Nabaskues.

Alertó de que en la actualidad «se está desligando la población de la tierra, de la cultura alimentaria y de la tradición gastronómica», incidiendo en que frente a esa dinámica los centros escolares deben de ser lugares de referencia para adquirir hábitos saludables y preparar a los consumidores del futuro. Con el cambio introducido en 2000, denunciaron, «las personas productoras y el pequeño comercio han perdido su mercado de cercanía y los usuarios de los comedores han visto cómo la calidad de la alimentación ha empeorado».

«Hasta el 2000, año en el que se puso en marcha el actual reglamento, había centros escolares autogestionados pero, una vez puesto en marcha, los colegios perdieron las ayudas para gestionar su propia alimentación», lamentó Imaz. A pesar de las trabas, hay proyectos como el que se puso en marcha en 2008 en Larrabetzu, que junto a la Ikastola Altzaga de Erandio optan por la autogestión con productos ecológicos locales, que beneficia a los baserritarras y productores del entorno.

Dentro de esa filosofía, desde el manifiesto hecho público ayer en la capital vizcaina se apoyan todos los proyectos que quieran introducir en los comedores escolares criterios de consumo y producción responsable, «donde se potencie la transformación y preparación de los alimentos en cercanía, y el consumo de alimentos de temporada y provenientes de la agricultura ecológica, así como la recuperación de una alimentación ligada a las costumbres de cada zona. Y todo ello -resaltaron-, abaratando los costes actuales, mejorando las condiciones de trabajadores y trabaja- doras, contribuyendo así a racionalizar el gasto público».

«Es una falacia el que lo grande sea bueno y lo pequeño es malo», declaró Koldo Nabaskues antes de preguntarse «dónde está la rentabilidad desde el punto de vista medioambiental, en el hecho de que la comida deba viajar 80 ó 90 kilómetros para llegar a los centros escolares».