La reunión celebrada ayer en la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa sirvió para dar el visto bueno a las normas forales sobre el Impuesto sobra la Riqueza y las Grandes Fortunas y sobre el Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo. Ambos proyectos, surgidos desde Diputación y consensuados entre Bildu, PSE y Aralar, contaron con los votos favorables de estas formaciones, que sumaban 10, y la oposición frontal de PNV (4) y PP (1), que coincidieron tanto en los votos negativos como en el mutuo apoyo en sus enmiendas.

La diputada de Hacienda, Helena Franco, valoró de forma positiva la aprobación de las dos medidas, a las que calificó como «instrumentos fundamentales para la lucha contra el fraude». En relación al impuesto sobre la Riqueza afirmó que supone una mejora sobre el anterior impuestro del Patrimonio «con el que no pagaban todos los que tenían que pagar».

En este sentido, hizo referencia al denominado «Escudo fiscal» -era el límite que se establecía en el anterior impuesto, según el cual lo que se debía de pagar conjuntamente por los impuestos de renta y patrimonio no podía ser superior al 60% de la renta que se declaraba en el IRPF-, que permitía que «grandes fortunas que utilizaban su patrimonio, no de forma productiva sino para especular, pudieran evitar el pago de impuesto en un ejercicio de ingeniería fiscal». Según Franco, con el nuevo impuesto se trata de que «cada uno pague según su patrimonio» y de «acabar con actuaciones especulativas».

En la defensa de su apoyo a la nueva norma, la portavoz del PSE, Rafaela Romero, explicó que «va hacia una tributación más justa, equitativa y progresiva» y añadió que en su grupo juntero están «por construir una mayoría que beneficie a Gipuzkoa». Manifestó que su actuación «va en la misma línea que ha llevado el Gobierno de Patxi López» y en la opuesta «a la de José Luis Bilbao en Bizkaia». En este caso, Romero, tras matizar que las enmiendas del PNV coinciden con el texto propuesto en Bizkaia por José Luis Bilbao «hasta en las erratas», puntualizó que la norma aprobada ayer es mejor que la de ese herrialde «porque distingue el patrimonio que es de las empresas y el que es de las personas»

Capacidad de consenso

Desde Bildu, Enrique Martínez, se mostró satisfecho por el grado de consenso alcanzado con el PSE y apuntó que una de las novedades de este impuesto sobre Grandes Fortunas -«además de tapar los agujeros del anterior sobre el Patrimonio»-, es que también va a afectar a las personas que no tengan su residencia fijada en Gipuzkoa, pero que sí tengan propiedades en este territorio.

A la petición del PP de que la nueva norma tuviese fecha de caducidad, hasta pasar la crisis económica, Martínez respondió que «todas» sus propuestas «tienen como objetivo redistribuir la riqueza y esto no se puede hacer temporalmente, tiene que ser a plazo fijo».

Por su parte, el PNV mantuvo que las nuevas normas van a «desincentivar la actividad económica y la inversión empresarial». Su portavoz juntera, Itziar Agirre, afirmó que «se castiga a las pymes familiares» y añadió que «además de los trabajadores, hay que preocuparse del patrimonio de los empresarios», si bien también declaró que «es casi lo mismo que el anterior impuesto de patrimonio, con tres modificaciones».