La amnistía fiscal que aprobó el Gobierno español ha permitido aflorar 12.000 millones ocultos a la hacienda pública y supondrá unos ingresos por el pago del 10% de los impuestos de 1.200 millones para las arcas públicas. Unas condiciones muy ventajosas para los defraudadores. A pesar de ello, solo se ha conseguido la mitad de lo que el Gobierno español había previsto y, aunque ha contado con una campaña de márketing, lo aflorado apenas llega al 5% del fraude fiscal estimado en el estado español y lo que ingresarán las arcas públicas no supone más que 1,4% del fraude existente, según las estimaciones de quienes conocen esta situación.

Los datos oficiales indican que más de 31.000 contribuyentes se han acogido a la regularización fiscal o «amnistía fiscal», con un importe medio de 37.800 euros por declaración.

Por el momento, con datos a 30 de noviembre, el importe total ingresado se sitúa en 1.191 millones de euros, con 31.484 declaraciones, con un importe medio de 37.830 euros. Esta cantidad implica un volumen de activos y rentas afloradas cercano, al menos, a los 12.000 millones, dado que el tipo aplicable sobre los importes incluidos en la regularización es del 10%.

Reforzar la lucha

El Gobierno francés, por su parte, informó ayer de que ha escrito a la CE para pedir que se refuerce la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero con medidas que incrementen la cooperación entre los países miembros de la UE.

La carta está firmada por el ministro de Economía, Pierre Moscovici, y por el secretario de Estado de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, y dirigida a los comisarios europeos encargados del Mercado Interior y de la Fiscalidad, Michel Barnier y Algirdas Semeta, respectivamente.

Sería «incomprensible y profundamente injusto» que los diferentes tipos de fraude «quedaran sin respuesta», dijo.