El alcalde de Berriozar, Xabier Lasa, y la alcaldesa de Sopela, Saioa Villanueva, junto a una veintena de representantes de Euskal Herria Bildu de corporaciones locales, dieron a conocer ayer en Bilbo un protocolo de nueve puntos que activarán «para hacer frente a los desahucios desde los ayuntamientos e impulsar el alquiler como una salida de urgencia para las personas que se queden sin vivienda» y exigirán «responsabilidades a bancos e inmobiliarias que cuenten con viviendas vacías» en los municipios.

Exigieron «la paralización indefinida» de los mismos e insistieron en que como las entidades financieras «no atiendan» a los representantes más cercanos a la población, los ayuntamientos «revisarán» y «cortarán», en su caso, las relaciones económicas, institucionales y de cooperación con las entidades financieras «en función de su actitud y dinámica» respecto a esas expulsiones de las viviendas de vecinos de cada municipio. «El Ayuntamiento clasificará las entidades financieras según realicen o no desahucios y cortará con aquellas entidades que realicen desahucios», dijeron Villanueva y Lasa.

Explicaron que «en la medida que los ayuntamientos somos parte de Kutxabank» exigirán «de forma especial» a la entidad que preside Mario Fernández que ponga fin a los desahucios. «Exigimos a Kutxabank que dé los pasos necesarios para anular todos los procedimientos iniciados en los juzgados». Para ello, cada ayuntamiento canalizará esa exigencia «por todas las vías que ofrece la estructura interna de Kutxabank».

El ayuntamiento pondrá en conocimiento de todos los vecinos «la actitud de cada banco, caja y cooperativa ante los desahucios». Se comprometerá a informar «puntualmente» a los ciudadanos.

Estas medidas forman parte de un protocolo impulsado por la coalición para «ayudar a quienes se enfrentan a esta grave situación» y, al mismo tiempo, hacer frente al «injusto sistema de desahucios».

La propuesta será desarrollada en los ayuntamientos en los que EH Bildu gobierna y se presentará para su debate en los municipios en los que se encuentra en la oposición. Xabier Lasa y Saioa Villanueva reiteraron el apoyo de EH Bildu al derecho a la vivienda y han denunciado la actitud tanto del Gobierno español como de la banca.

En la misma línea, el protocolo defiende la apertura de los ayuntamientos a las personas afectadas por esta problemática y, por ello, «plantea el nombramiento de un edil asignado a esta responsabilidad», así como la habilitación de un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. EH Bildu se compromete en los municipios que cuando se inicie un proceso de expulsión de la vivienda, «el ayuntamiento entablará contacto con la entidad financiera para que paralice el proceso». Tampoco participarán en los procedimientos de desahucios y, en consecuencia, se apoyará la «objeción y se defenderá a los trabajadores municipales, principalmente policías locales, que se nieguen a participar en ellos cuando sean requeridos».