La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, mostró su desconfianza con el PNV en una rueda de prensa que ofreció en Donostia, durante la que se ha mostró convencida de que, como alternativa a la situación de crisis, es posible «generar una gran mayoría social, amplia y sólida, que obligue a cambiar las políticas» actuales.

La dirigente de LAB comentó que, para ello, son necesarios «acuerdos más amplios» que los actuales entre los distintos agentes sociales y sindicales, con los que próximamente iniciará una ronda de contactos en busca de pactos. Subrayó, a este respecto, que «la movilización y la lucha» son los elementos que permitirán que «se cambien de una vez las políticas» actuales para reemplazarlas por otras que «garanticen los derechos» de los trabajadores.

«Eso es lo que exigimos a todas las instituciones vascas y en particular al nuevo Gobierno Vasco, porque está en sus manos implementar en los presupuestos de 2013 el cambio en políticas, poner al Ejecutivo al servicio de un proceso de cambios que genere un nuevo modelo económico y social, y dotarnos de instrumentos económicos, políticos y sociales para hacer esa transición», señaló Etxaide.

En la misma línea, la sindicalista abertzale añadió que «está en sus manos -del PNV-, ahora bien no creemos que exista voluntad política alguna por parte del PNV de abordar esta legislatura en este sentido».

Transición a un modelo nuevo

La secretaria general de LAB insistió en la necesidad de iniciar «una transición desde un modelo totalmente agotado, fracasado y en crisis estructural» que «no sirve para desarrollar intereses de la gran mayoría social» hacia otro que garantice los derechos de los trabajadores. Una transición que, a su juicio, debe sustentarse en tres ejes: «acuerdos económicos y políticos sobre el nuevo modelo, entre diferentes sectores», la creación de «instrumentos para desarrollar ese camino» y el «reconocimiento y la garantía de derechos sociales básicos».

Etxaide se refirió asimismo al abono de la paga extra a los funcionarios para defender que «no es obligatorio ni necesario volver a atacar los derechos salariales de los trabajadores de la función pública».