Según el último sondeo del CIS, un 51,5% de los encuestados está poco o nada satisfecho con la Constitución, mientras que un 37% está bastante o muy satisfecho. Además, el 44,4% cree que se cumple poco o nada. Ante estas evidencias demográficas, demoscópicas y políticas, ¿hay que reformar la Constitución? «Depende para qué, con qué objetivos, y con el acuerdo que se cuente y el que concite», respondió ayer Mariano Rajoy. No es solo que el presidente del Gobierno español cumpla con el tópico de contestar a las preguntas con nuevas incógnitas, sino que muestra una duda existencial que evidencia la falta de un rumbo común en el Estado español.

Mariano Rajoy acudió al Senado, que este año acogió el acto institucional por encontrarse el Congreso en obras de reforma. Aunque hubo oferta doble de discursos -hablaron los presidentes de las dos cámaras-, no fue suficiente para atraer a los representantes de CiU, Amaiur, PNV, BNG y Geroa Bai. La incomodidad de catalanes, vascos y gallegos nacionalistas con el corsé constitucional quedó en evidencia en un momento de enfrentamiento sin disimulos entre la actuación recentralizadora del Gobierno español y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca y catalana.

Pero a la Constitución española ya no solo le tiran las costuras nacionales, también se le empiezan a deshilachar las sociales. Tampoco los representantes de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) estuvieron presentes en la recepción oficial. Cayo Lara, coordinador general de IU, se acercó hasta el exterior del Senado para explicar que ayer no había nada que celebrar. Declaró que quienes podían tener motivos de alegría «son los banqueros, los especuladores financieros y los grandes defraudadores». Entre tanto, la mayoría de la ciudadanía ve que se «violan sistemáticamente los derechos sociales, laborales y civiles de los ciudadanos», tales como el trabajo, la vivienda, la sanidad o la educación pública.

El PP, entre interrogante e interrogante de su presidente, cuela decretos y proyectos de ley que van recentralizando competencias y españolizando alumnos. IU y otros grupos de izquierda pretende conectar con la calle y la ciudadanía que ayer protestaba ante el acto del Senado y llamaba «chorizos, ladrones, sinvergüenzas» a los políticos asistentes.

El PP, en su cruzada; la izquierda, protestando; los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes, ausentes... ¿y el PSOE? El PSOE despistado, desorientado, desnortado...

Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba vio la manifestación de la Diada en Barcelona, sacó del baúl de los recuerdos la reivindicación del Estado federal. Ahora que la Comunidad de Madrid ha vivido unas jornadas de movilización en la Sanidad pública, el secretario general del PSOE llegó a la celebración del Senado con la reivindicación de añadir a la Constitución un artículo 27 bis para que la Sanidad sea un derecho fundamental «al lado de la Educación». Y claro que está bien que la Sanidad sea un derecho y que cada cual proponga el modelo de estado que considere oportuno; lo que resulta difícil de entender es que un partido que gobernaba hasta anteayer y espera volver a hacerlo mañana (o pasado o al otro) ande a salto de mata con cuestiones fundamentales.

Reformada y toqueteada

El discurso oficial, expresado ayer por el presidente del Congreso, Jesús Posada, es que «no es el momento de plantear aventuras revisionistas de dudoso resultado». Sin embargo, esta actitud inmovilista ante las reclamaciones que llegan desde la periferia territorial y la base social se vuelve docilidad ante las reclamaciones del capitalismo europeo.

La integridad de la Constitución saltó por los aires en agosto de 2011 cuando, en un abrir y cerrar de ojos, PSOE y PP la violaron para introducirle un artículo que antepone la deuda con los bancos a los derechos de las personas. Lo recordaba ayer Cayo Lara, quien hablaba de que «se ha modificado el artículo 135, para garantizar el pago de la deuda y los intereses; y se ha hecho una amnistía fiscal para que los grandes defraudadores incumplan el artículo 31», el que establece que, teóricamente, «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

Entre tanto, los movimientos de defensa de los desahuciados se preguntan dónde está el derecho a un vivienda digna. Millones de parados son inconstitucionales o no son españoles porque el artículo 35 establece que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a trabajar» y, con ello, «a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia».

Pero las reformas constitucionales no solo llegan de manera declarada, aunque sea en pleno periodo vacacional para pasar más inadvertida. En un año de Gobierno, el PP ha desplegado una batería de decretos ley (más que en toda la legislatura anterior) que van alterando la relación entre el poder central y las comunidades autónomas, invadiendo competencias y fijando «normativa básica» de obligado cumplimiento que llegan a detalles como el de la paga extra de diciembre.

Madrid no solo quiere garantizar desde su Constitución que «todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria», sino también quiere decidir cómo lo hacen.

De Gorbeia a Colón

Y mientras el Gobierno del PP pisotea sus derechos más elementales y va alterando las reglas de juego del estado social al gusto del capitalismo más salvaje, españoles «de derechas e izquierdas» han encontrado un enemigo común: el ansia de libertad de vascos y catalanes.

La fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) quiso montar ayer una réplica a la Diada catalana y convocó una concentración por la unidad de España en la Plaza de Colón de Madrid, aquella en la que en tiempos de Aznar plantaron una enorme bandera rojigualda. Y encontró el apoyo no solo de gentes como Jaime Mayor Oreja y María San Gil, sino también de otros como Pablo Castellano (ex IU), Nicolás Redondo Terreros y Teo Uriarte.

Las huestes de Santiago Abascal calentaron motores hace unas semanas poniendo una bandera española en la cruz de Gorbeia, y ayer llenaron de «piperpotos» parte de la céntrica plaza madrileña. Según reseñas periodísticas, ni llenaron Colón ni pudieron competir con el 11-S catalán. También hubo una movilización españolista en Barcelona, que «La Vanguardia» cifró en 2.500 manifestantes y la Guardia Urbana en 7.000.

España es en estos momentos esa cosa en la que su ministro de Educación (el de Educación, insisto) dice de sí mismo: «Soy como un toro bravo, me crezco con el castigo». Cuando en realidad es el matador que torea y da la puntilla a las lenguas y al sistema educativo. Pura confusión. Solo hay una cosa clara: manda la derecha española.