Una de las condiciones que ponía el Memorando de Entendimiento que firmó en verano el Gobierno español con la Troika para poder recibir el rescate bancario era la creación de un «banco malo» cuya misión sería liquidar todos los activos «tóxicos» de la banca. Dicho de otra manera, había que crear una enorme inmobiliaria para vender a quien quiera comprar todas las inversiones ruinosas que acumula la banca. El plazo que marcaba Europa para crearla era finales de noviembre, y parece que está ya en marcha, o por lo menos, que ha empezado a andar con el exótico nombre de Sareb. La verdad es que resulta muy difícil seguir todas las vicisitudes del proceso de creación de esa nueva inmobiliaria, pero creo que es interesante porque nos da una idea bastante precisa de cómo funciona eso que llaman economía de mercado en el Estado español.

La batalla más importante ha sido la del precio con el que esa gran inmobiliaria compraría esas inversiones ruinosas. Si se ponía un precio que no fuera muy bajo, las pérdidas de los bancos no serían muy grandes, pero se corría el peligro de que el «banco malo» no pudiera vender luego esas viviendas, solares y demás, trasladándose las pérdidas del balance de los bancos al del «malo», que aunque no es público, la garantía última la ofrece el Estado. Evidentemente, los bancos españoles eran partidarios de esa opción. La Comisión Europea, por su parte, consideraba que el precio tenía que ser un precio de liquidación -es decir, muy bajo-, lo que supone importantes pérdidas para los bancos que venden esas inversiones ruinosas por cuatro euros pero permiten al «banco malo» más margen de maniobra y mayores ganancias, lo que se suponía que era un aliciente para que capital extranjero invirtiera en ese «banco malo». Es más, calcularon que la rentabilidad del banco en sus quince años de vida sería de un 15% de media anual, una bicoca comparada con cualquier otra inversión en los tiempos actuales.

A pesar de semejante rentabilidad, a día de hoy ningún inversor extranjero ha entrado en el capital del «banco malo». Para arreglar el problema, el Gobierno español ha obligado a los bancos del Estado a aportar capital en función de su tamaño. La verdad es que resulta llamativo que no les interese semejante rentabilidad. Será que una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente hay. Y es que la mayoría de esos fondos extranjeros tienen también acciones en bancos españoles, y si la rentabilidad es la que dicen, eso quiere decir que el «banco malo» va a tirar el precio de las viviendas y solares, con lo que también caerá el precio de las viviendas y solares que tienen los bancos solventes, es decir, que también tendrán pérdidas, ¡y qué decir las inmobiliarias! En resumidas cuentas, un precio alto salva la cuenta de resultados de los bancos pero arruina a esa gran inmobiliaria, lo que se traducirá en el futuro en más deuda del Estado; y, por contra, un precio de venta al «banco malo» de las inversiones en inmuebles muy bajo hará que ese invento sea rentable, sí, pero todos los bancos sin excepción deberán asumir unas pérdidas muy importantes.

En esa pelea por poner el precio, el «banco malo» fijó por fin los descuentos que aplicaría a esos activos, que iban desde el 79,5% por el suelo, 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las viviendas terminadas. A primera vista parecen unos descuentos muy importantes, pero el 28 de noviembre la Comisión Europea sacó una nota de prensa con una valoración de las ayudas de Estado que iban a recibir los bancos intervenidos que no coincidía con lo que ha estado predicando el ministro del ramo. Eso significa que la Comisión Europea considera que los descuentos aplicados no son lo suficientemente grandes, esto es, que se han aplicado unos precios más altos de lo estipulado y en consecuencia se están dando ayudas de Estado a los bancos intervenidos por medio de esos precios inflados.

Vamos, que una vez más, el Gobierno ha estado defendiendo los intereses de los bancos frente al criterio de la Unión Europea, lo que no hace sino alargar la limpieza de los cascotes de la burbuja. Si los precios son demasiado altos, difícil será que se vendan las 700.000 viviendas que dicen que hay en venta. Para poner remedio a esa chapuza, al Gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que ofrecer el permiso de residencia a aquellos extranjeros que compren una vivienda de más de 160.000 euros. Eso que, desde el punto de vista social y político es un escándalo, desde el punto de vista económico supone un parche que no va a solucionar nada. El Gobierno sigue pensando que cuando pase la tormenta conseguirán vender todas las viviendas construidas. Nada más lejos de la realidad, pero de sueños también se vive, aunque estos no den crédito.

No termina aquí el problema de los precios. A partir de ahora estará el Sareb, la gran inmobiliaria, intentando vender viviendas, promociones y demás por un lado, y los bancos «sanos» intentando vender sus viviendas, promociones y demás inversiones fallidas, por otro. Estos últimos quieren vender antes de que el Sareb empiece, porque cuando ponga en el mercado todo lo que acumula va a tirar los precios. Para lograr eso, lo que están haciendo es no dar crédito para nada que no sea vender sus propios inmuebles. Así, hay constructores con pequeñas promociones que no pueden terminarlas porque no tienen crédito, o no pueden venderlas porque los compradores tampoco encuentran crédito, etcétera. Y entre esos bancos que no dan un crédito está, cómo no, Kutxabank, al que cabía suponer cierta sensibilidad con el territorio y la economía local. Así que mientras los bancos no consigan deshacerse de todos sus inmuebles, aquí no va a haber crédito para nadie. Y visto cómo ha ido la creación del «banco malo», el Sareb, no creo que vaya a servir para limpiar el balance de los bancos.

No parece que el precio de venta haya sido la única discrepancia que ha habido entre el Gobierno español y la Comisión. A última hora, el Gobierno vendió el Banco de Valencia a Caixabank por un euro dejando otro boquete en las cuentas del Estado. Todo parece indicar que se vendió porque la Comisión obligaba al Gobierno a liquidarlo. No está claro a que se debe ese empecinamiento del Gobierno en mantener bancos que no son viables; es posible que sea simplemente para que sigan comprando bonos del Estado y así puedan decir en el Telediario que «la subasta de hoy ha sido un éxito». Aparte de eso, no se intuye ningún otro sentido.

Asimismo la Comisión impuso unos estrictos planes de reestructuración para todos los bancos intervenidos, en los que define a qué se tienen que dedicar: dar crédito a las Pymes y a la gente. También dice claramente que tienen que reducir un 60% su balance, o sea, su tamaño. Y es que si hay exceso de algo en la economía del Estado español, además de inmuebles, es de bancos. Mucho más ahora en que no hay dinero en ningún lado.

Al final tendrán que hacer cómo se ha hecho en muchas partes de Irlanda: coger una excavadora y tirar viviendas construidas o a medio hacer, para que se den cuenta de que todo eso no vale realmente nada, ni valdrá nada en el futuro. No es, desde luego, muy racional, pero es que resulta que el capitalismo tampoco lo es: las crisis de sobreproducción se resuelven destruyendo el capital sobrante. Más valdría poner todas esa viviendas en alquiler... pero eso destrozaría el negocio a los bancos. ¡A ver quien pone ese cascabel al gato!