Con motivo de la conmemoración, mañana, del Día Internacional de los Derechos Humanos, nos gustaría insistir en su vulneración en un ámbito donde per se ya están conculcados todos los derechos en aras a la seguridad. Recordemos uno solo, el primero de todos, para darnos cuenta en unos pocos segundos de su inexistencia.

«Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna». Esta contundente declaración de Naciones Unidas ha sido uno de los fundamentos del desarrollo de la convivencia de la humanidad. Durante décadas su contenido se ha manipulado tantas veces como los derechos que promulga han sido vulnerados y, sin embargo sigue siendo para la humanidad un referente indiscutible.

Pero aun siendo un referente, los estados firmantes de la Declaración de Derechos Humanos hoy siguen sin conceder dichos derechos a una gran parte de la sociedad. A los inmigrantes, a las minorías, a los trabajadores y trabajadoras, a los pueblos minoritarios, a las mujeres, a las personas sin recursos... parece que solo se toman en consideración algunos de los derechos sobre todos los demás y, por supuesto, a determinadas personas sobre el resto. Hecho desgraciadamente muy constatado en Euskal Herria en las innumerables ocasiones que hemos sido testigos de discursos manipuladores en torno al derecho a la vida.

Estamos asistiendo como sociedad al mayor retroceso en derechos humanos, civiles y políticos de los últimos treinta años. En realidad, los derechos conseguidos en las décadas de los 70 y 80 están hoy en peligro de extinción, y los mas básicos e imprescindibles son precisamente los que más se recortan: la sanidad y la educación.

En el ámbito penitenciario, donde la opacidad y la impunidad hacen que la conculcación de derechos sea la norma, justificada además institucionalmente, esta conculcación de derechos es palpable diariamente. En todas las modificaciones del Código Penal y del Reglamento penitenciario llevadas a cabo por el Estado español en los últimos años, la salud y la asistencia sanitaria penitenciaria no ha tenido ningún reflejo a pesar de que la situación de salud de las personas en prisión no ha presentado ninguna mejora.

¿Por qué las condiciones de la vida en la cárcel no se han modificado ni siquiera en las épocas de prosperidad del Estado? La respuesta podría ser la negligencia de la institución y, sin embargo, el mantenimiento del régimen de vida penitenciario ha sido una apuesta decidida de los distintos gobiernos del PP y PSOE. El hacinamiento, el deterioro de las instalaciones, la alimentación escasa y de mala calidad no son consecuencia de la dejadez de las direcciones de las prisiones. Son la plasmación de una política penitenciaria basada en una ejecución penal que va mucho mas allá de la privación de libertad de la persona presa.

Y si estas consideraciones son aplicables a todas las personas presas en las cárceles españolas, la situación de los presos y presas políticas vascas presenta además una serie de características que agudizan aún más la vulneración del derecho a la salud.

Este verano hemos podido asistir a la aplicación de la discrecionalidad y excepcionalidad por parte del Ministerio de Justicia en el caso de la libertad condicional de Josu Uribetxebarria. Pero aún quedan otras personas presas y enfermas a las que se les aplican las mismas medidas. Hemos sido testigos de la flagrante vulneración de derechos a Josu, pero ellos y ellas también son testigos y protagonistas directos de lo que supone tener una grave enfermedad en prisión, desconfiar del tratamiento recibido, sentir inseguridad ante las necesidades propias, ser rehén de una decisión política.

Las medidas específicas aplicadas durante decenas de años a los presos y presas vascas han tenido consecuencias especialmente negativas en su estado de salud. Hablamos de largas condenas sin fecha de libertad por la inseguridad jurídica de la doctrina, de sanciones y años en aislamiento, de retrasos en el diagnóstico y tratamientos de enfermedades adquiridas en prisión, de falta de confidencialidad y de acceso a profesionales de confianza, de alejamiento de su entorno familiar y social. Hablamos en muchos casos de la utilización de la enfermedad como elemento de presión para pretendidos arrepentimientos, de traslados-castigo y de malos tratos físicos y psíquicos.

Poco importa en realidad cuál ha sido el objetivo de todas estas medidas aplicadas en el marco de la política penitenciaria, lo fundamental es que han conculcado y conculcan derechos básicos, especialmente el derecho a la salud.

Porque retener en la cárcel a personas gravemente enfermas o prolongar las condenas precisamente el día previsto para la puesta en libertad son muestras claras de un estado que no reconoce los derechos humanos básicos y que justifica la crueldad por encima de la propia ley.

Y, sin embargo, no podemos resignarnos a que todo siga igual. No podemos aceptar impasibles que se sigan vulnerando derechos de ciudadanos y ciudadanas vascas o de cualquier lugar. Tenemos que levantar la voz desde distintos ámbitos para poder conformar un clamor social lo suficientemente potente como para hacer insostenible una política penitenciaria que no hace sino perpetuar el sufrimiento y la enfermedad. Tenemos que demostarles que nosotros y nosotras sí conocemos nuestros derechos, todos y cada uno de ellos, que somos la gran mayoría de la sociedad quienes queremos recuperarlos y que no cesaremos hasta conseguirlo.

Presos vascos a Euskal Herria, dueños de todos sus derechos.