El pasado 30 de agosto, el ahora parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu fue retenido en un control de la Guardia Civil en la A-8. Poco después se filtraba a un diario madrileño un acuerdo interno de la coalición con vistas a las elecciones al Parlamento de Gasteiz. Por las mismas fechas aparecían más noticias y datos fehacientes sobre el espionaje policial a EH Bildu. El Gobierno español ha tenido que responder a ello ante sendas preguntas de Amaiur, aunque lo hace a su peculiar manera.

En el caso del control sufrido por Maeztu, el Ejecutivo se afana en negar todo. Responde al diputado Jon Iñarritu que el dispositivo policial era «aleatorio», que el parlamentario solo fue alejado de la zona «por seguridad», que únicamente se le retuvo «catorce minutos» y que «no se intervino, fotocopió, fotografió o escaneó documento alguno». Añade el Gobierno, con aparente sorna, que «se desconocen las fuentes de información» de los medios que difundieron ese texto días después.

El también diputado Iker Urbina preguntó, por su parte, por si EH Bildu estaba siendo objeto de espionaje político, haciéndose eco de noticias de prensa y también de datos propios, como los controles de la Guardia Civil con motivo de reuniones políticas en Gasteiz, Agurain, Altsasu y Etxarri-Aranatz.

Algunas de sus preguntas al Gobierno eran estas: «¿Están controlando las FSE los movimientos de personas dirigentes de la izquierda soberanista vasca? ¿Con qué finalidad? ¿Están colocando dispositivos emisores de señales GPS en coches? ¿Lo están haciendo con autorización judicial? ¿Qué opinión tiene el Gobierno español respecto al espionaje político? ¿A qué fichero han ido a parar las informaciones recogidas en los controles?».

La respuesta del Gobierno ha sido emitida mes y medio más tarde, el 19 de noviembre, y realmente no puede considerarse como una respuesta. Frente a las detalladas preguntas de Urbina, se limita a aseverar esto: «El artículo 1 de la Constitución declara que España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La investigación de cualquier formación política solo puede desarrollarse en el marco de un procedimiento judicial instructor, cumpliendo en todo caso con la legalidad», añade, antes de enumerar una serie de leyes y apostillar que «en estos casos deben tenerse en consideración las previsiones de la Ley de Protección de Datos».