Amaiur ha registrado en el Congreso español hasta cuatro baterías de preguntas dirigidas a clarificar qué mecanismos y garantías de control se están aplicando sobre el tráfico de mercancías peligrosas en Euskal Herria, después de que el propio Gobierno español informase de que esas operaciones se producen en el Puerto de Bilbo desde el año 1991.

La iniciativa de la coalición tiene que ver con la batería de preguntas registrada semanas atrás, después de conocerse que el pasado 10 de setiembre un barco mercante descargó doce toneladas de combustible radiactivo en el Puerto de Bilbo.

La respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a los quince interrogantes planteados entonces por Amaiur «no es en absoluto tranquilizante para la población ni para el personal del puerto», explicó Xabier Mikel Errekondo a GARA, quien puntualizó que el Ejecutivo del PP se limita a relacionar el marco legislativo y procedimientos de aplicación al traslado de mercancías peligrosas, pero no detalla qué garantías existen de aplicación de los mismos, cuestión sobre la que se incide en este segundo paquete de preguntas.

«Nos preocupa que, aunque el Puerto de Bilbo no esté designado como lugar estratégico de transporte de materia prima destinada a la fabricación de combustible, se nos diga que futuras operaciones de transporte de este tipo dependerán de los acuerdos a los que lleguen los diferentes operadores logísticos», manifestó Errekondo.

Consideró, asimismo, «preocupante» que al tratarse de una relación meramente mercantil pueda haber un criterio económico de reducción de costes que a su vez pueda afectar a la prevención y seguridad de la actividad portuaria, y llamó la atención sobre el dato aportado por el Gobierno español al señalar que desde el año 1991 «en numerosas ocasiones se han realizado en el Puerto de Bilbo operaciones con mercancías clase 7 `material radiactivo'».

«Hay una normativa que se supone que se debe cumplir, pero teniendo en cuenta la peligrosidad de los materiales, queremos saber, por ejemplo, si ha habido inspecciones o si se han producido incidencias, porque en 21 años una actividad puede tener una incidencia en su entorno», precisó.

En la batería de preguntas que Amaiur ha dirigido a la Mesa del Congreso al hilo de la respuesta remitida por el Gobierno español, se pide información sobre «qué tipo de actividad relacionada con mercancías peligrosas tiene autorizado cada operador logístico», «exactamente qué mercancías peligrosas» están autorizadas en el Puerto de Bilbo y qué tipo de mercancías se han cargado o descargado allí. La coalición pregunta, asimismo, sobre las empresas o sociedades mercantiles y países de origen, así como las fechas y operaciones de carga y descarga de chatarra contaminada.

Junto a la petición de información sobre qué institución oficial realiza las inspecciones, Amaiur plantea qué plan de formación específica tienen los trabajadores del Puerto o si existen técnicos cualificados en manejo de aparatos Geiger u otros medidores de radiactividad. Entre las cuestiones planteadas figuran también preguntas alusivas al tipo de material que se utilizan en la actividad militar en la el Polígono de las Bardenas.

Errekondo destacó que en Euskal Herria existe una sensibilidad especial ante la energía nuclear y subrayó que la población de Santurtzi y las Juntas Generales de Bizkaia ya han pedido que cese la actividad.