La decisión de Lakua de anular el procedimiento de adjudicación de 34 licencias de radio FM, sobre las que a primeros de octubre había hecho una adjudicación provisional, supone el último capítulo de un proceso desastroso, caracterizado por el nulo apego de los convocantes a la pluralidad en las ondas. Hace dos meses, el Ejecutivo autonómico decidió dejar en manos de emisoras radicadas en Madrid la mayoría de las licencias, apartando, por contra, a proyectos radiofónicos que contaban con el aval de varios años de experiencia y discriminando a GARA Irratia, a quien no se concedió ninguna de las licencias solicitadas. Un nuevo episodio en la historia bochornosa de las licencias de radio en este país, marcada por el uso partidista que han hecho de sus facultades los gobernantes de turno. La suspensión conlleva unas consecuencias negativas para quienes han hecho un importante esfuerzo económico al objeto de concurrir al reparto, pero la apertura de un nuevo proceso podría ser una oportunidad para enmendar errores. Para ello, debería tenerse en cuenta la situación global del sector y, sobre todo, garantizar una pluralidad hasta ahora inexistente.