Las organizaciones que han suscrito el Acuerdo de Gernika quieren que la Unión Europea tenga un papel protagonista en la resolución del conflicto vasco. Con este objetivo, una delegación de los agentes firmantes de esta iniciativa viajó ayer a Estrasburgo, donde reclamó la intervención de la UE en la búsqueda de un final dialogado para el contencioso que enfrenta a Euskal Herria con las autoridades de Madrid y París.

En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento Europeo, Maite Aristegi (izquierda abertzale), Jon Iñarritu (Aralar), Lorena López de Lacalle (EA) e Igor Urritikoetxea (LAB), presentaron una carta en la que se insta a las autoridades europeas a invitar a los dirigentes de los estados español y francés a «abordar todas las consecuencias del conflicto vasco en base a los estándares internacionales de resolución de conflictos».

En el texto, que ha sido remitido al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y al presidente del Parlamento de Estrasburgo, Martin Schulz, los firmantes del Acuerdo de Gernika solicitan a la UE que, en el caso de que los ejecutivos de Madrid y París no quieran dialogar sobre la situación política que atraviesa Euskal Herria, sea la propia Unión la que lidere la resolución.

Los integrantes de la delegación, que felicitaron a los tres mandatarios por la concesión del premio Nobel de la Paz, quieren que la UE encabece la fase de resolución de consecuencias del conflicto «como parte implicada en el mismo». Al fin y al cabo, como ellos mismos recordaron en la carta, el conflicto vasco se enmarca en el seno de la Unión.

Derechos humanos

En un tercer punto, las organizaciones políticas, sindicales y sociales que suscribieron el Acuerdo de Gernika, donde se enumeran una serie de requisitos de cara a iniciar un proceso que finalice con la instauración de la paz en los herrialdes vascos, piden a la UE que haga un llamamiento para que los estados implicados se comprometan a respetar los derechos humanos de todas las personas.

A este respecto, subrayaron la importancia de que Madrid y París supriman la «legislatura de excepción» imperante a día de hoy, así como que «acaten y cumplan» las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el pasado mes de julio puso en entredicho la aplicación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo español.

En aquel fallo, que hace un par de meses fue recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy, el Tribunal de Estrasburgo también reclamó la puesta en libertad inmediata de Inés del Río. Sin embargo, cinco meses después, la presa política navarra continúa en prisión por decisión de la Audiencia Nacional española.

Este tipo de vulneraciones están recogidas en una contextualización previa a las peticiones. En ese preámbulo, que cuenta con tres apartados en el cuerpo de la carta, los firmantes señalan que el conflicto que padece Euskal Herria tiene «razones políticas, las cuáles tienen como base la negación de nuestros derechos nacionales como pueblo».

A su vez, pese a que reconocen que en los últimos años se han dado pasos para que el conflicto pase de una fase de enfrentamiento a un fase de resolución, recuerdan que durante los últimos 50 años la ciudadanía ha conocido acciones violentas en ambos estados.

Estas acciones han generado más de 1.400 fallecidos, miles de heridos, varios desaparecidos, unas 10.000 personas torturadas y decenas de miles de detenidos. «Actualmente existen unas 800 personas encarceladas, en la mayoría de los casos cumpliendo condena a cientos e incluso miles de kilómetros de su lugar de origen», precisan.

Un primer paso

Para acabar con la fase armada imperante durante los últimos cincuenta años, un nutrido grupo de agentes políticos, sociales, y sindicales se reunieron el año pasado en la Conferencia de Aiete. En esa cita, a la que no asistió ningún representante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se redactó una declaración en la que se solicitaba el fin de la actividad armada de ETA como paso previo al inicio de unas conversaciones entre la organización armada vasca, La Moncloa y el Elíseo.

«Respondiendo a esa demanda, ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada. En cambio, los gobiernos de España y Francia no solamente no se han involucrado en las conversaciones sobre las consecuencias del conflicto, sino que han actuado de manera contraria a la lógica o a los estándares internacionales de resolución de conflictos». Es más, tal como recoge la carta, durante los últimos doce meses los dos estados «han proseguido con las detenciones, torturas o hechos de brutalidad policial o aplicando la excepcionalidad en diferentes medidas y en legislaciones, haciendo caso omiso a las continuas sentencias del TEDH, y despreciando con ello la oportunidad de dar paso adelante para conseguir la paz».

Ante la falta de movimientos por parte de las instituciones estatales, los firmantes del Acuerdo de Gernika han optado por reclamar la intervención de la UE en la resolución del conflicto vasco, ya que, como los propios firmantes destacaron, la Unión ejerce un «liderazgo» en cuestiones vinculadas a la pacificación, «como demuestra el premio Nobel de la Paz con el que ha sido galardonada» y que recibió el lunes.

«El proyecto común europeo se ha caracterizado por haber fomentado tanto la paz como los derechos civiles y humanos», comentaron.