El Gobierno de El Salvador aceptó ayer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Estado por la matanza de 1981 en El Mozote y zonas aledañas, al norte del departamento de Morazán, en la que tropas del Ejército segaron la vida de alrededor de un millar de personas, de las cuales «una gran cantidad» eran niños. Supervivientes y familiares de las víctimas confían, tras conocer el fallo, en que se pueda avanzar hacia la justicia y la reparación.

La Cancillería reconoció «la responsabilidad estatal en este caso», conforme al fallo de la Corte contra el Estado salvadoreño. El pasado 16 de enero, el presidente, Mauricio Funes, pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño por aquella matanza ocurrida entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981.

La CIDH indica que el Ejército irrumpió en siete localidades de El Mozote y sus alrededores y masacró a cientos de civiles -alrededor de un millar, según la demanda presentada ante la Corte, aunque los jueces solo han logrado confirmar 440 víctimas mortales- y, una vez perpetradas las matanzas, los militares sometieron a los supervivientes y los familiares de las víctimas a numerosas violaciones de los derechos humanos.

La Corte subraya que «dichas matanzas ocurrieron en el marco de un plan sistemático de represión al que fueron sometidos determinados sectores de la población durante el conflicto armado por el que atravesó El Salvador entre 1980 a 1991».

Por los casos comprobados los jueces impusieron indemnizaciones, costas y gastos que en total suman 17,7 millones de dólares.

«El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada, del derecho a la libertad, de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (...) en perjuicio de las víctimas ejecutadas», indica el fallo de la CIDH, que ordena investigar los hechos.